Protestan frente a FGJEM para pedir la liberación de restaurantes clausurados

Ximena García

Operativos y antecedentes

De acuerdo con los manifestantes, las clausuras se realizaron entre finales de noviembre y principios de diciembre de 2025, como parte de operativos ministeriales en restaurantes ubicados a lo largo de las carreteras México-Querétaro y Toluca-Atlacomulco. 

Asimismo, denunciaron que las acciones alcanzaron inicialmente a cerca de 20 establecimientos dedicados principalmente a la venta de alimentos, varios de ellos frecuentados por transportistas.

Integrantes de Tamexun señalaron que los cierres se llevaron a cabo incluso en negocios que se encontraban sin operar y sin que se presentaran órdenes judiciales vigentes. 

Además, aseguraron que, aunque las autoridades argumentaron investigaciones relacionadas con delitos de alto impacto, hasta el momento no se han acreditado responsabilidades penales contra los propietarios.

El dirigente de la asociación, Manuel Mendoza, afirmó que el conflicto se ha prolongado pese a reuniones previas con autoridades estatales.

“Hace 15 días hicimos una manifestación en Palacio de Gobierno y hubo compromisos, pero no se cumplieron. Somos gente de trabajo, no somos dejados y estamos aquí para que se respete lo que se prometió”, señaló.

Impacto laboral y económico

De los aproximadamente 20 inmuebles clausurados únicamente dos han sido reabiertos, mientras que entre 12 y 13 continúan bajo resguardo ministerial. 

Esta situación, de acuerdo con los inconformes, dejó sin empleo a decenas de personas, en su mayoría mujeres, quienes dependían de estos ingresos para el sustento de sus familias.

Mendoza sostuvo que el cierre prolongado de los restaurantes generó un impacto directo durante el cierre de año y las primeras semanas de 2026.

“Se orilló a nuestras compañeras a una muerte civil, no hubo trabajo, no hubo Navidad, no hubo cena de Año Nuevo ni Día de Reyes para los hijos de las trabajadoras. Las pérdidas han sido muy fuertes”, expresó.

Exigencia de responsabilidades

Durante el bloqueo, los integrantes de Tamexun exigieron que se investigue la actuación de los agentes ministeriales que participaron en los operativos y que se finquen responsabilidades en caso de que se confirmen irregularidades. 

Consideraron que hubo violaciones a derechos humanos y civiles tanto de trabajadores como de propietarios de los negocios.

Indicaron que este martes comenzó el proceso de acreditación de la propiedad de algunos establecimientos como parte de los requisitos solicitados para su eventual reapertura. 

Tras un acercamiento con autoridades, los manifestantes se retiraron del lugar con el compromiso de que los expedientes serán revisados y se dará seguimiento a la liberación de los inmuebles pendientes.