Cinco de los siete ediles denuncian violencia política, presiones y manipulación de la opinión pública tras votar en contra del Plan Anual de Obra 2025.
Noe Álvarez Pascual / El Sol de Toluca
Cinco de los siete regidores del municipio de Temascalapa denunciaron irregularidades en la administración del presidente municipal Alan Martínez Cervantes. Aseguran haber sido víctimas de violencia política, presiones en redes sociales y desinformación hacia la ciudadanía como represalia por votar en contra de la aprobación del Plan Anual de Obra 2025.
En conferencia de prensa, solicitaron la intervención de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y de la presidenta electa Claudia Sheinbaum para frenar los abusos de autoridad, pues consideran que el municipio atraviesa una escalada de violencia política y falta de transparencia.
La inconformidad surgió en la sesión de Cabildo del 11 de septiembre, donde se discutieron tres temas centrales: el Plan Anual de Obra 2025, el manual de organización del Órgano Interno de Control y el Código de Ética y Conducta para servidores públicos municipales.
Los regidores señalaron que la información se les entregó a destiempo, sin permitir un análisis adecuado, lo que derivó en su voto en contra. Se les pidió aprobar documentos y proyectos con montos millonarios ‘de un día para otro’, sin transparencia ni estudios de factibilidad.
Uno de los cuestionamientos principales fue el sobrecosto de obras municipales: un proyecto de pavimentación presupuestado inicialmente en 1.4 millones de pesos apareció en la última actualización con un monto de más de 12 millones, sin justificación. ‘No estamos en contra de las obras, sino de que se hagan mal y con costos inflados’, señalaron.
Los regidores acusaron al presidente municipal de presionarlos y manipular la opinión pública, difundir que ellos ‘bloquean las obras’ y de agresiones verbales, incluyendo ataques en redes sociales y actos de violencia física. Uno de los regidores denunció haber sido pateado por un asesor del alcalde.
Además, denunciaron violencia económica al indicar que se les redujo el salario en 1.3 por ciento bajo el argumento de generar ahorros para más obras, aunque sin claridad sobre su aplicación. También mencionaron que han sido excluidos de sus funciones:, acusando que no reciben invitaciones formales a eventos municipales, no se les entregan informes de las comisiones y se limita su acceso a información pública.
Las regidoras denunciaron violencia política de género, incluyendo insultos, descalificaciones y hostigamiento digital por cuestionar decisiones del alcalde.
Pese a las dificultades, los regidores destacaron que han realizado gestiones independientes para beneficio del municipio, como la obtención de patrullas y una ambulancia con apoyo del gobierno estatal. Con recursos propios, indicaron, realizaron labores de bacheo aplicando alrededor de 50 toneladas de asfalto en distintas comunidades.
Asimismo, informaron que han acudido a la Contraloría del Estado de México para denunciar las irregularidades y esperan una respuesta formal, subrayando que los proyectos de obra deben incluir estudios de factibilidad y priorizar necesidades básicas como agua potable, drenaje y alumbrado público antes de proyectos de relumbrón.
