Renovación del TRIJAEM enfrenta presión por vacantes y pendientes en transparencia

El legislador, Octavio Martínez aseguró que el órgano enfrenta cuestionamientos sobre el manejo presupuestal y la ausencia de controles eficaces a pesar de que su operación cuesta al Estado alrededor de 300 millones de pesos anuales.

Noe Álvarez Pascual / El Sol de Toluca

A un mes de la renovación de la Presidencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TRIJAEM), el proceso se desarrolla bajo una “fuerte presión institucional”, ya que el órgano enfrenta siete vacantes de magistratura, de las cuales cinco corresponden a la Sala Superior y mantiene abiertos pendientes graves en materia de transparencia, responsabilidades administrativas y esclarecimiento del desfalco de 32.4 millones de pesos ocurrido hace dos años, aseguró el diputado Octavio Martínez Vargas.

En entrevista, el legislador morenista advierte que la elección de la nueva o nuevo titular debe darse con una integración completa del Pleno y con un perfil comprometido con la rendición de cuentas para evitar que los casos pendientes continúen en impunidad.

El legislador subraya que la salida de Gerardo Becker, quien concluye su gestión en enero de 2026, no resuelve las irregularidades que marcaron su administración, pues el Tribunal operó sin resultados tangibles en materia de sanciones, ya que durante su periodo no se inhabilitó a ningún servidor público pese a que se acumulaban casos y quejas internas.

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Además, señaló que la actuación frente al desvío millonario fue insuficiente, limitándose a dejar la investigación en manos de la Fiscalía, a pesar de que los recursos salieron directamente del Tribunal y fueron dispersados en cuestión de horas.

No quiere reelegirse

Cabe señalar que el actual titular, Gerardo Becker afirmó que su encargo como presidente del TRIJAEM concluye en enero de 2026 y que, aunque la ley le permite participar nuevamente, su convicción es que la decisión debe recaer plenamente en el Pleno del Tribunal.

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En un comunicado, señaló que no se aferra a ningún cargo y que respetará cualquier determinación de sus colegas, ya sea que lo ratifiquen o designen a otra persona y sostuvo que su compromiso es con la institución y con la ciudadanía, y que la prioridad debe ser fortalecer al Tribunal, evitar especulaciones y garantizar que los procesos internos se conduzcan con serenidad y responsabilidad.

Puntos críticos del TRIJAEM

Para el diputado, la falta de esclarecimiento del caso sigue siendo uno de los principales focos de preocupación, ya que a dos años del desfalco, la Fiscalía tardó 23 meses en solicitar las primeras órdenes de aprehensión, un periodo que el legislador describe como inédito por su lentitud.

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Además, mencionó que otro punto crítico es que el Tribunal aún no enfrenta la totalidad de observaciones de los ejercicios fiscales 2023 y 2024, mientras que las correspondientes al 2025 se acumularán con la llegada del nuevo año, por lo que exigió que quien encabece el Tribunal tenga un compromiso claro con la revisión interna y la sanción de irregularidades, pues el órgano enfrenta cuestionamientos sobre el manejo presupuestal y la ausencia de controles eficaces a pesar de que su operación cuesta al Estado alrededor de 300 millones de pesos anuales.

Sobre la designación

Recordó que la renovación también depende de que la Gobernadora envíe al Congreso las propuestas de magistradas y magistrados para cubrir las vacantes antes del 13 de diciembre, pues esta fecha es relevante porque el calendario interno del Tribunal contempla suspensión de labores, lo que retrasaría la conformación del Pleno y, por tanto, la elección del nuevo presidente o presidenta.

Para el diputado, la integración completa es indispensable para garantizar que la elección se realice con legitimidad y sin riesgos de que un perfil cercano a la administración saliente pueda intervenir para frenar investigaciones o proteger a posibles responsables.

En paralelo, Martínez Vargas insiste en que el Congreso debe avanzar en una reforma constitucional para retirar el fuero penal a titulares de órganos autónomos, incluido el TRIJAEM y considera que esta medida permitiría procesar con mayor celeridad a quienes enfrenten señalamientos por corrupción o mal manejo de recursos públicos.

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