El CPC acordó remitir el estudio a la Legislatura del Estado de México, con el objetivo de que se analice la posibilidad de emitir un exhorto a los ayuntamientos para corregir estas prácticas
Noe Álvarez Pascual / El Sol de Toluca
El Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción del Estado de México advirtió fallas en la forma en que algunos municipios supervisan a sus policías, lo que podría traducirse en sanciones mal aplicadas o incluso invalidadas y abriría la puerta a que elementos que cometan abusos o actos de corrupción eviten castigos y permanezcan en funciones, afectando directamente la seguridad y la confianza de la ciudadanía.
De acuerdo con el estudio, el problema radica en que algunas autoridades municipales están asignando funciones a instancias que no tienen la facultad legal para sancionar a policías, porque quienes deberían investigar y castigar faltas dentro de las corporaciones no son los adecuados, lo que puede provocar errores en los procesos y facilitar que las sanciones se caigan.
Cabe señalar que las Unidades de Asuntos Internos en las corporaciones policiales tienen como función principal investigar, supervisar y sancionar la conducta de los elementos de seguridad pública y atender denuncias por abuso de autoridad, corrupción, uso indebido de la fuerza o incumplimiento de protocolos, con base en la normatividad de seguridad pública.
Por su parte, los Órganos Internos de Control (OIC) son instancias encargadas de vigilar el cumplimiento de las obligaciones administrativas de los servidores públicos en general, es decir, supervisan el uso correcto de recursos, el apego a la legalidad en la gestión pública y sancionan faltas administrativas conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas.
Los OIC, a diferencia de Asuntos Internos, no tienen facultades ni especialización para intervenir en la disciplina policial, pues su ámbito es más amplio y es de carácter administrativo, no operativo ni técnico en materia de seguridad pública.
En un ejemplo práctico, si un policía es acusado de abuso de autoridad, lo correcto es que lo investigue la Unidad de Asuntos Internos, porque conoce procedimientos policiales. Sin embargo, en algunos municipios, el caso termina en el Órgano Interno de Control (OIC), que no tiene facultades ni especialización. Con lo anterior, el policía puede impugnar la sanción alegando que quien lo investigó no tenía competencia legal, y el castigo puede anularse, incluso si sí cometió la falta.
El diagnóstico advirtió que esta mala configuración institucional no es un tema menor, pues abre la puerta a la posible nulidad de sanciones impuestas a elementos de seguridad pública, ya que los policías sujetos a procedimientos disciplinarios podrían impugnar la legalidad de las resoluciones bajo el argumento de incompetencia de la autoridad que las emitió, lo que pondría en riesgo la efectividad de los mecanismos de control y sanción.
Además del impacto jurídico, el CPC subrayó que esta situación debilita el régimen disciplinario policial al eliminar la especialización necesaria para investigar y sancionar conductas indebidas dentro de las corporaciones, lo que a su vez, afecta directamente el combate a la corrupción, al generar incertidumbre sobre la validez de los procedimientos y propiciar posibles escenarios de impunidad.
Otro de los efectos señalados es la distorsión del diseño institucional del Sistema Anticorrupción del Estado de México, ya que se mezclan funciones que, por ley, deben mantenerse separadas. Mientras los OIC están enfocados en responsabilidades administrativas, las Unidades de Asuntos Internos deben operar bajo criterios propios de la disciplina policial, lo que implica conocimientos técnicos y normativos específicos del ámbito de seguridad pública.
El estudio también advierte posibles consecuencias económicas para los municipios que mantengan estas estructuras irregulares, ya que podrían enfrentar responsabilidades patrimoniales en caso de que se acrediten daños derivados de procedimientos mal integrados o sanciones invalidadas por tribunales.
Frente a este panorama, el CPC acordó remitir el estudio a la Legislatura del Estado de México, con el objetivo de que se analice la posibilidad de emitir un exhorto a los ayuntamientos para corregir estas prácticas. Asimismo, el documento será presentado ante el Comité Coordinador del propio sistema anticorrupción para su análisis y seguimiento.
Como parte de la estrategia, los integrantes del Comité destacaron que ya se han realizado acciones de difusión y capacitación en municipios a través de conversatorios regionales, donde se ha informado a autoridades locales sobre la importancia de respetar el marco normativo y evitar la invasión de competencias.
Finalmente, el CPC hizo un llamado a los gobiernos municipales para revisar y, en su caso, ajustar sus estructuras administrativas, con el fin de garantizar certeza jurídica en los procedimientos disciplinarios y fortalecer los mecanismos de control interno en las corporaciones policiales.
