Más que una confrontación entre taxistas y plataformas digitales, el conflicto en la zona norte del Estado de México expone un problema estructural: proliferación de bases irregulares, concesiones vencidas, saturación vehicular y falta de conectividad, factores que hoy presionan al sistema de movilidad regional.
Michelle Sánchez
En la zona norte del Estado de México, la tensión entre taxistas tradicionales y plataformas digitales dejó de ser un debate sectorial para convertirse en un conflicto abierto que ya involucra a concesionarios, alcaldes y autoridades estatales. En medio de esa disputa quedan los usuarios, quienes a diario enfrentan un servicio costoso, irregular y, en muchos casos, poco seguro.
Para una parte significativa del gremio, las aplicaciones no representan modernización ni ampliación de cobertura, sino una competencia directa en un mercado que consideran saturado y financieramente inviable. Más que una herramienta para ordenar la oferta y ampliar la demanda, las perciben como una amenaza que reduce ingresos y fragmenta aún más el sector.
Sin embargo, el trasfondo del conflicto no es solo económico. También es legal. Para operar en plataformas digitales, los conductores deben cumplir requisitos estrictos: documentación vigente, registros oficiales, seguros especializados y validaciones técnicas. No todos los operadores cumplen con esos lineamientos, lo que ha frenado la migración hacia esquemas más regulados y transparentes.
Durante una reunión con alcaldes de la región norte, el titular de la Secretaría de Movilidad del Estado de México, Juan Hugo de la Rosa, recibió la petición formal de no extender más licencias ni permisos para nuevas bases de taxi. Los ediles advirtieron que la proliferación de sitios irregulares ha detonado un conflicto creciente: aumentan las rutas sin control y la regulación de tarifas se ha convertido en un desafío permanente.
El crecimiento desordenado de bases —muchas sin registros claros, fuera del marco normativo o con simples vistos buenos administrativos— ha generado saturación vehicular, competencia desleal y mayores obstáculos para la supervisión por parte de las direcciones de seguridad pública.
Solo en Atlacomulco circulan diariamente más de 5 mil vehículos de servicio público. Estimaciones locales señalan que entre el 30 y el 40 por ciento podría operar en condiciones de irregularidad: concesiones vencidas, permisos caducos, ausencia de registro formal, licencias incompletas o cromáticas no autorizadas.
En Ixtlahuaca y San Felipe del Progreso, municipios extensos y con intensa actividad comercial en la región norte, el panorama es similar. La alta movilidad diaria ha incentivado la expansión del transporte informal, lo que complica el ordenamiento y debilita los mecanismos de control institucional.
Diana Laura Olvera, directora general de Gobierno en la región Ixtlahuaca, explicó que las mesas de diálogo con transportistas y alcaldes buscan avanzar hacia un servicio más eficiente y ordenado. No obstante, reconoció que antes de consolidar un modelo basado en plataformas digitales es necesario atender problemas estructurales.
“Venimos desde abajo. Los taxistas de esta zona no lo ven como una oportunidad, sino como una amenaza, una competencia. Además, muchos municipios y comunidades no cuentan con cobertura total de internet. Es una estructura que se tiene que construir desde cero”, señaló.
La limitada conectividad en comunidades rurales y tramos carreteros del norte mexiquense es un factor determinante. Sin una red estable, el funcionamiento de aplicaciones resulta inviable en varias zonas, por lo que autoridades consideran prioritario fortalecer la infraestructura tecnológica antes de impulsar un cambio de modelo.
Mientras una parte del gremio percibe a las plataformas como competencia directa, los alcaldes advierten que la verdadera presión sobre el sistema de movilidad regional proviene del crecimiento sin control y la falta de legalidad que hoy amenaza con desbordar el servicio público en la zona norte del Estado de México.
