El máximo órgano de justicia electoral mexiquense resolvió 15 impugnaciones en transparencia electoral, derechos indígenas, acceso a la información y equidad de género.
Noe Álvarez Pascual / El Sol de Toluca
El Tribunal Electoral del Estado de México resolvió en su sesión más reciente un total de 15 impugnaciones, entre juicios de ciudadanía local y recursos de apelación, relacionados con procesos electorales y derechos de participación política, donde la mayoría de los casos fueron desestimados por falta de pruebas suficientes o por haberse presentado fuera de los plazos legales, mientras que otros fueron resueltos a favor de los demandantes al encontrarse violaciones a los principios de legalidad y equidad.
De los 15 asuntos analizados, 9 fueron resueltos confirmando los actos impugnados, es decir, se mantuvieron los resultados electorales o las decisiones de las autoridades responsables debido a que los promoventes no acreditaron irregularidades determinantes.
En el juicio por la elección de autoridades auxiliares en Tequisistlán, Tezoyuca, con el expediente JDCL 209/2025, los magistrados confirmaron los resultados electorales al considerar que la actora no presentó pruebas contundentes sobre las irregularidades denunciadas, que incluían acusaciones de compra de votos, acarreo de votantes y proselitismo fuera de los periodos permitidos. El Tribunal determinó que las constancias del expediente no demostraban inequidad en la contienda a favor de la planilla ganadora.
En otro caso con el expediente RA 4/2025, se declaró improcedente el recurso de apelación interpuesto por Diana Navas Sánchez, directora de Educación en Rayón, al establecerse que su cargo no derivaba de elección popular, sino de nombramiento administrativo, por lo que carecía de interés legítimo en materia electoral. El Tribunal coincidió con el Instituto Electoral estatal en que los hechos denunciados no tenían vinculación con el proceso electoral.
Los juicios JDCL 236 y 237/2025, relacionados con elecciones en La Paz, fueron acumulados y resueltos conjuntamente. Mientras que el primero fue desestimado al no combatir el actor todas las causales del desechamiento original, el segundo fue rechazado de plano al comprobarse que la demanda se presentó fuera del plazo legal establecido, pues el promovente reconoció haber tenido conocimiento de los hechos con antelación, pero interpuso su impugnación de manera extemporánea.
Entre los casos revisados está el del expediente JDCL 196/2025, donde el Tribunal determinó anular la elección del representante indígena en Jilotepec al comprobarse que se violentaron los derechos de participación política de la actora, una mujer indígena a quien se le impidió injustificadamente contender en el proceso. El fallo ordenó repetir la elección con pleno respeto a los derechos de las comunidades originarias, incluyendo la traducción de documentos a lenguas indígenas.
En Ecatepec, el caso JDCL 198/2025, los magistrados revocaron la declaratoria de validez de la elección en el fraccionamiento Las Américas al demostrarse que la autoridad municipal la emitió cuatro días antes de lo establecido en la convocatoria oficial, lo que constituyó una grave irregularidad procedimental que afectó la certeza del proceso.
El juicio JDCL 133/2025 marcó un precedente en materia de transparencia, al ordenar al Tesorero Municipal de Aculco proporcionar información detallada sobre altas y bajas de personal a regidores del ayuntamiento que la habían solicitado. El Tribunal consideró que esta información era fundamental para el ejercicio de sus funciones de fiscalización y que su negativa vulneraba el derecho de acceso a la información pública.
En los acumulados JDCL 206 y 233/2025, el Tribunal resolvió un caso de representación indígena en Almoloya de Juárez, donde se reconoció a Graco Ernesto Albarán González como representante legítimo del pueblo otomí al ser el único aspirante de esa comunidad con mayoría de votos, mientras que se confirmó el proceso correspondiente a la etnia mazahua al demostrarse que se cumplió con la debida difusión de la convocatoria en su lengua originaria y que se realizaron las asambleas comunitarias requeridas.
Finalmente, el juicio JDCL 214/2025, relacionado con elecciones en Naucalpan, destacó por la protección al derecho de acceso a la justicia. El Tribunal determinó que hubo una omisión grave al no notificar personalmente a la actora una resolución clave, lo que la dejó en estado de indefensión, donde si bien se confirmaron los resultados electorales, el fallo enfatizó la obligación de las autoridades de garantizar el pleno respeto al debido proceso en todos los actos electorales.
