Contrataron a proveedores sin verificar su situación fiscal ante SAT e IMSS; Órgano Interno deberá investigar contratos irregulares con proveedores y obra sin registro ante el IMSS
Noe Álvarez Pascual / El Sol de Toluca
La Auditoría Superior de la Federación identificó un probable daño a la Hacienda Pública por 12.2 millones de pesos en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) debido a irregularidades en contratos de seguridad privada pagados con recursos federales durante el ejercicio fiscal 2024, periodo correspondiente a la rectoría de Carlos Eduardo Barrera Díaz.
De acuerdo con el informe individual de la auditoría número 860, correspondiente a la Cuenta Pública 2024, la ASF revisó una muestra de 4 mil 549 millones de pesos, equivalente al 82.7% de los 5 mil 503 millones de pesos que la universidad recibió por concepto de gasto federalizado.
Aunque el organismo fiscalizador concluyó que, en términos generales, la UAEMex realizó un “ejercicio razonable” de los recursos, detectó tres irregularidades graves que derivaron en acciones legales en contra de la institución y de sus servidores públicos.
El hallazgo más significativo se relaciona con dos contratos para la prestación de servicios de seguridad privada, en los que la ASF detectó que la universidad no pudo acreditar la recepción de los servicios por los que pagó 12 millones 186 mil 820 pesos con recursos del Ramo 28 Participaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios.
Se trata de los contratos números UAEMéx/DRM/CC10903/0223/008 y su modificatorio UAEMéx/DRM/CC10903/0724/071, ambos celebrados con una empresa de seguridad privada, donde la universidad presentó los contratos y los comprobantes de pago, pero omitió entregar a los auditores la documentación que demostrara que los servicios efectivamente se prestaron conforme a lo pactado, como bitácoras de servicios, reportes de incidencias o facturas que detallaran las horas-hombre cubiertas por los elementos de seguridad.
“La Universidad Autónoma del Estado de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que acredita la comprobación de la recepción de los servicios conforme a las especificaciones establecidas en el contrato número UAEMéx/DRM/CC10803/1223/022 por 25,479,887.76 pesos; no obstante, quedaron pendientes por aclarar recursos por 12,186,820.80 pesos de los contratos números UAEMéx/DRM/CC10903/0223/008 y UAEMéx/DRM/CC10903/0724/071”, señala el documento en su resultado número 12.
Ante esta omisión, la ASF emitió el Pliego de Observaciones número 2024-4-99015-19-0860-06-001, mediante el cual se presume un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública por el monto señalado, más las cargas financieras generadas desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta bancaria del Gobierno del Estado de México.
En su dictamen, la ASF fue contundente: “En el ejercicio de los recursos, la Universidad Autónoma del Estado de México infringió la normativa, principalmente en materia de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, del Código Fiscal de la Federación, Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Presupuesto de Egresos de la Federación y del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Autónoma del Estado de México, lo que generó un probable daño por un importe por 12,186.8 miles de pesos”.
El segundo hallazgo grave detectado por la ASF tiene que ver con omisiones en los procedimientos de contratación, el que los expedientes de los proveedores cuyo monto contratado excedió los 300 mil pesos, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, los auditores encontraron que en al menos 13 casos, la universidad realizó las contrataciones sin verificar que los proveedores estuvieran al corriente en sus obligaciones fiscales y de seguridad social.
Específicamente, se detectó que cinco proveedores no autorizaron al Servicio de Administración Tributaria (SAT) hacer pública su opinión de cumplimiento, y ocho proveedores no autorizaron al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), aún cuando la normativa establece que las dependencias públicas están obligadas a obtener y resguardar en los expedientes la “opinión de cumplimiento” positiva de ambas autoridades antes de realizar cualquier contratación, a fin de evitar celebrar acuerdos con empresas fantasma o con adeudos fiscales.
Sin embargo, la universidad procedió a contratar a estos proveedores sin exigir dicha autorización ni verificar su situación, o en su defecto, no integró la constancia de la opinión positiva en los expedientes administrativos, lo que constituye un incumplimiento al Código Fiscal de la Federación y a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024.
Este hecho no generó un pliego de observaciones económico, sino una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, que si bien la ASF no sanciona directamente a los funcionarios, comunica al Órgano Interno de Control de la UAEMex para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente contra los servidores públicos que omitieron este requisito. Las sanciones pueden ir desde una amonestación hasta la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Un tercer hallazgo involucra a una empresa constructora y a trabajadores de la construcción que pudieron haber laborado sin seguridad social. Al revisar el contrato de obra pública número UAEMéx/FAMNS/001/IR/2024, ejecutado con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples por un monto de 10.6 millones de pesos, la ASF verificó que la universidad no acreditó que las obras de construcción se dieran de alta en el Servicio Integral de Registro de Obras de Construcción del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Cabe señalar que el registro de obras es obligatorio para que el IMSS pueda verificar que todos los trabajadores de la construcción como albañiles, arquitectos, ingenieros, etc. que estén dados de alta y tengan acceso a seguridad social, incluyendo seguro de riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, pero al no existir este registro, la ASF no pudo verificar que los trabajadores contaran con estas prestaciones.
Por esta razón, la Auditoría Superior emitió la Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal número 2024-1-19GYR-19-0860-05-001, mediante la cual solicita al Instituto Mexicano del Seguro Social que instruya a quien corresponda para verificar a la persona moral con Registro Federal de Contribuyente SCC140307CQ7, denominada SSS Asistencia y Supervisión, S.A. de C.V., con domicilio fiscal en la Ciudad de México, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social.
Pese a estas observaciones, el informe de la ASF también reconoce aspectos positivos en la gestión de la universidad. La evaluación del control interno arrojó un promedio de 95 puntos sobre 100, lo que ubica a la institución en un nivel alto. Además, la UAEMex reintegró a la Tesorería de la Federación 3.3 millones de pesos correspondientes a recursos no comprometidos y rendimientos financieros no ejercidos, cumpliendo con los plazos establecidos.
La universidad también cumplió con sus obligaciones de transparencia al remitir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los informes trimestrales sobre el ejercicio y destino de los recursos, y los publicó en sus medios oficiales de difusión. En materia de servicios personales, se constató que los pagos de nómina por más de 4 mil millones de pesos se realizaron conforme a las plazas y categorías autorizadas, y que se enteraron oportunamente las retenciones del Impuesto Sobre la Renta y las cuotas de seguridad social al ISSEMYM.
La universidad tiene ahora un plazo de 30 días hábiles para presentar información adicional que permita solventar las observaciones. De no hacerlo, el Pliego de Observaciones por 12.2 millones de pesos podría convertirse en un fincamiento de responsabilidades, lo que obligaría a la UAEMex a resarcir el daño y podría derivar en denuncias de hechos ante la Fiscalía General de la República contra los funcionarios involucrados.
