Autoridades hacen llamado a taxistas que han sufrido extorsión a levantar denuncia correspondiente
La Secretaría de Seguridad detecta estructuras con presencia en diversos municipios
Ximena García
Los reportes más recientes provienen de los municipios de Metepec, Almoloya de Juárez y Zinacantepec, donde los operadores han denunciado amenazas, cobros ilegales y agresiones.
Asimismo, la dependencia informó que en algunos de estos casos se han registrado quema de unidades, así como protestas frente a centros de justicia tras la detención de presuntos responsables.
Aunque ya se han realizado algunas capturas, las autoridades reconocieron que la falta de denuncias formales limita la posibilidad de judicializar los casos.
Presión gremial y cobros ilegales
La SSEM explicó que, además de grupos delictivos, hay representantes sindicales que imponen cobros a operadores del servicio de transporte público, ya sea por permitirles laborar en determinadas zonas o como supuestas cuotas de protección.
Estas prácticas, aunque sin vínculos directos con cárteles nacionales, se han consolidado en diversas regiones a través de mecanismos de intimidación y control territorial.
Según la dependencia, el riesgo se agrava cuando las víctimas no presentan denuncias ante el Ministerio Público, lo que impide solicitar órdenes de aprehensión o realizar cateos que permitan desarticular las redes responsables.
Operativos coordinados y vigilancia en zonas de riesgo
La Secretaría indicó que mantiene coordinación con la Guardia Nacional y autoridades municipales para reforzar los patrullajes en puntos con mayores reportes.
Además, se hizo hincapié en que los números 911 y 089 continúan disponibles para recibir reportes de forma inmediata y anónima.
No obstante, la dependencia reiteró que sin denuncias formales es poco probable avanzar en procesos judiciales que deriven en sanciones efectivas.
La denuncia, condición para avanzar
La SSEM subrayó que, si bien se ha logrado contener parte de la problemática mediante operativos y detenciones, el avance institucional depende del acompañamiento ciudadano.
Ante ello, se insistió en que los operadores afectados deben acudir a presentar sus denuncias con respaldo de las autoridades.
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