Excomisario de Acambay acumula sentencias de más de 100 años de prisión
Eulises González Hernández fue detenido dentro del Operativo Enjambre y está relacionado con la desaparición de su homólogo de Temascalcingo
Eulises González Hernández fue detenido dentro del Operativo Enjambre y está relacionado con la desaparición de su homólogo de Temascalcingo

Ximena García
El exdirector de Seguridad Pública de Acambay, Eulises González Hernández, detenido a través del Operativo Enjambre, acumula ya 115 años de prisión luego de que un juez emitió una nueva sentencia por extorsión que se suma al fallo previo por desaparición forzada del comisario de Temascalcingo y su escolta.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que la resolución más reciente corresponde a una pena de 46 años y 6 meses de prisión por hechos cometidos en 2024, cuando González Hernández contrató a varias personas y, semanas después, les ordenó vigilar una pollería ubicada en Acambay y privar de la libertad al dueño del establecimiento.
Para ese cometido entregó armas de fuego a las víctimas y, ante la negativa, las amenazó con encarcelarlas y dañar a sus familias.
La Fiscalía integró los datos de prueba que permitieron su detención dentro de la Operación Enjambre y posteriormente el fallo condenatorio por extorsión.
Esta resolución se sumó a la sentencia del 27 de octubre, cuando el mismo excomisario recibió 68 años y 6 meses de prisión por desaparición forzada en agravio del comisario de Seguridad Pública de Temascalcingo, Agustín N., y de su escolta, Juan Carlos N., quienes fueron vistos por última vez en 2023 durante un recorrido de supervisión.
Con ambas resoluciones, las penas alcanzan 115 años en total y lo colocan entre los exservidores públicos con mayor número de años de prisión derivados de la estrategia estatal.

La Operación Enjambre inició en 2024 para identificar y detener a servidores y exservidores públicos municipales presuntamente vinculados con delitos de alto impacto.
Según los reportes más recientes de la Fiscalía estatal, el operativo suma 10 sentencias condenatorias que abarcan a 16 personas, ya que algunas resoluciones fueron dictadas contra más de un implicado por su participación conjunta en los mismos hechos.
Las resoluciones derivan de investigaciones por desaparición forzada, extorsión y otras conductas asociadas con grupos criminales como La Familia Michoacana y el Cártel Jalisco Nueva Generación que operan en municipios del norte y oriente del Estado de México.
Datos de la Fiscalía mexiquense sobre la Operación Enjambre señalan que a la fecha han sido detenidos 60 investigados, principalmente servidores y exservidores públicos municipales señalados por su probable relación con delitos de alto impacto.
En ese grupo se encuentran elementos de policía, excomisarios de Seguridad Pública, así como exfuncionarios municipales de distintas demarcaciones.
Dentro de ese universo de 60 detenidos, 10 causas penales han llegado ya a sentencia condenatoria y abarcan a 16 de los objetivos asegurados, ya que en varios casos los jueces resolvieron contra más de una persona por su participación conjunta en un mismo hecho.

Entre los sentenciados se encuentran expolicías municipales de Nicolás Romero, mandos de seguridad de Tlatlaya y Coatepec Harinas, así como el exsubdirector de Seguridad Ciudadana de Naucalpan y exservidores públicos de Santo Tomás.
Los delitos por los que se han dictado condenas dentro del operativo son homicidio calificado, secuestro, secuestro exprés y secuestro exprés con fines de robo, extorsión, evasión y desaparición forzada, con penas que van desde un año hasta 68 años de prisión antes de la nueva resolución contra el excomisario de Acambay.
En esta dinámica se han documentado casos en los que personal de seguridad pública habría facilitado homicidios, secuestros y extorsiones mediante el uso de patrullas oficiales, el bloqueo de vialidades o la entrega de información sobre despliegues policiacos a células delictivas; en otros expedientes se señala la presunta protección a grupos criminales o el uso de los cargos para exigir dinero a comerciantes y transportistas.