Extorsión y miedo: así opera el crimen organizado en el norte del Edomex

Ximena García

Desde finales de 2024, integrantes del crimen identificado comenzaron a cobrar cuotas mensuales a dueños de ferreterías, casas de materiales, taxistas y pollerías. El monto, de acuerdo con las víctimas, varía según el giro.

Negocios bajo control

Las casas de materiales y ferreterías fueron obligadas a trabajar con proveedores impuestos; negarse implicaba secuestros, denunciaron.

No solo se trataba de los proveedores, señalaron las víctimas desde anonimato por temor a represalias, también hay que entregar un porcentaje de las ganancias.

A raíz de ello, expusieron, al menos dos negocios decidieron cerrar ante la amenaza. Vender al precio del crimen se volvió una condición ineludible.

Nos mandan fotos de nuestros familiares y eso basta para que paguemos, aunque no sepamos a quién realmente le estamos pagando.

Operativo Liberación y bloqueos

En total, se intervinieron 52 inmuebles en 14 municipios, lo que provocó bloqueos y protestas en puntos estratégicos como Atlacomulco, Ixtlahuaca y San Felipe del Progreso. 

Transportistas y taxistas participaron en estos cierres carreteros, lo que confirmó la presión que el crimen organizado ejerce sobre sectores productivos de la región.

El delito de acaparamiento fue tipificado por primera vez en el Estado de México en junio de 2022, cuando la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) lo equiparó legalmente a la extorsión. 

Las primeras denuncias llegaron desde la zona sur, pero también se detectó el fenómeno en Toluca y la región norte.

Zonas de influencia de La Familia Michoacana

La Fiscalía mexiquense tiene detectado que el cartel conocido como La Familia Michoacana mantiene un control extendido sobre diversas regiones del Estado de México. 

Aunque durante el Operativo Liberación sólo se actuó en los municipios de Ixtlahuaca y San Felipe del Progreso, con un total de cinco negocios clausurados, la presencia del crimen no es exclusiva de estas demarcaciones.

Lo anterior se vio reflejado el martes, cuando además de los accesos a Ixtlahuaca y San Felipe del Progreso, fueron bloqueadas las carreteras en Atlacomulco y Jiquipilco.

El alcance de La Familia Michoacana en el Estado de México se caracteriza por una estructura de extorsión que manipula precios y controla mercados completos. 

Aunque la presencia de La Familia Michoacana está documentada, la mayoría de las víctimas evita denunciar por temor a represalias, lo que oculta la dimensión real del problema.

A diferencia de municipios urbanos como Toluca o Ecatepec, donde predominan las extorsiones telefónicas y electrónicas, en el norte la presión es directa y territorial, lo que refuerza el silencio de las comunidades.

Narcolaboratorios detectados 

Estos hallazgos, reconocieron habitantes, reflejan la capacidad industrial del narcotráfico en la región, independiente de los esquemas de extorsión y acaparamiento que afectan al comercio local.

Operadores con protección

El operativo, realizado por fuerzas federales en Ixtlahuaca, incluyó el aseguramiento de vehículos blindados, pipas, armas largas, efectivo y documentación relacionada con sus actividades.

Control territorial y red de complicidades

Transportistas y taxistas actúan como punteros y halcones. Su colaboración no es fortuita; está bajo coerción o pago. 

Los sobornos, apuntan las investigaciones de la propia FGR, abarcan desde policías municipales y estatales hasta jueces, fiscales y mandos militares. 

‘Aquí no es que el gobierno no pueda enfrentarlos, es que no quiere. Ellos también reciben dinero’, afirma un vecino de Ixtlahuaca. 

Víctimas y sospecha

A diferencia del sur del Edomex, donde la violencia ha tenido visibilidad, en el norte reina el silencio. Quienes hablan desaparecen, dicen los vecinos. 

‘Todo se compra, desde un policía hasta un juez. Aquí el que manda es el que paga’, señala un empresario bajo anonimato.

Las declaraciones y los operativos en norte del Edomex revelan que sufre una crisis institucional minorada, donde las cuotas criminales, laboratorios clandestinos y protección institucional delinean una realidad paralela.