La democracia exige valentía, compromiso y justicia. Hoy, más que nunca, debemos exigir que se respete la representación de las mujeres y que se garantice un Poder Judicial verdaderamente paritario.
Si queremos una democracia real, el Poder Judicial también debe construirse con mujeres.
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Este domingo 1 de junio de 2025 se celebra una jornada electoral histórica para la democracia de nuestro país. Las y los zacatecanos que acudamos a las urnas nos enfrentaremos a cuatro boletas estatales con un total de 106 candidaturas: 55 mujeres y 51 hombres. Esta distribución, si bien puede parecer equilibrada, el diseño de las boletas locales, permite que, si así lo desea el votante, su elección recaiga únicamente en hombres. Esto evidencia que la igualdad sustantiva aún no se ha saldado.
En Zacatecas, las y los legisladores -incluidas aquellas que se enredan en el simbólico pañuelo morado- han fallado a la paridad. En un acto irresponsable y contrario a los principios constitucionales, no previeron garantizar la paridad de género en la reciente reforma al Poder Judicial del estado.
El 10 de abril, el IEEZ emitió el acuerdo ACG-IEEZ-042/X/2025, mediante el cual estableció que la asignación de cargos judiciales se realizaría alternando géneros, iniciando por una mujer. Esta acción afirmativa busca asegurar la representación paritaria en tribunales y juzgados. Sin embargo, algunos candidatos impugnaron el acuerdo, argumentando que se violentaba su derecho a ser votados y que el Instituto excedía sus funciones.
El TRIJEZ falló a su favor y revocó el acuerdo, con el voto de calidad y decisivo de la Magistrada Presidenta. Así, se desechó una medida que no solo era legítima, sino también necesaria. El argumento de que el modelo impugnado respondía a un diseño legislativo distinto no justifica incumplir con el principio de paridad. La progresividad en derechos humanos obliga a avanzar, no a retroceder.
Ante esta regresión, mujeres valientes acudieron a la Sala Regional para defender el acuerdo. Hicieron lo que correspondía: exigir que se respete el principio constitucional de paridad en la postulación y asignación de cargos. El IEEZ actuó en congruencia con la jurisprudencia nacional, que establece la obligación de las autoridades electorales de emitir lineamientos para garantizar el cumplimiento de este principio y promover el acceso de más mujeres a cargos de decisión.
Por ello, el TRIJEZ debió analizar el esquema de alternancia desde una perspectiva de género, neutral, y advertir que no se trataba de un acto arbitrario, sino de una medida legítima de igualdad sustantiva. Tampoco se justifica posponer su implementación bajo el argumento de que no todos los cargos serán renovados. La equidad no puede ser diferida: debe garantizarse en todo momento.
Lo cierto es que, tras la elección, aún quedará camino por recorrer. El derecho electoral permite impugnar incluso después de los resultados, y será entonces cuando sabremos quiénes están dispuestos a defender sus derechos a través del JDC, que será hasta que se valide la elección, asignen los cargos y entregue las constancias de mayoría, ¿cuántas candidaturas acudirán a defender derechos que no reclamaron oportunamente?
