Todo se contaminó…
La historia continuará…
Nos leemos la próxima semana.
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La polémica historia sobre el segundo piso (viaducto elevado) continuará... Le faltan varios capítulos por escribir… Con todo y que hay una suspensión definitiva, el Gobierno de Zacatecas, a través del secretario de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza anunció que apelarán la determinación de un juez federal, al tiempo que acusó de dolo bajó el argumento de que es una revancha política por la reciente reforma al Poder Judicial. El capítulo en el que nos encontramos es que, hay una suspensión definitiva, pero, el pleito legal seguirá su curso.
Ante ello, la fugaz visita presidencial de ayer a Zacatecas significó el aceleramiento de prioridades en beneficio de la población, Claudia Sheinbaum Pardo edifica el segundo piso de la transformación a través de la primera piedra al hospital regional de especialidades del IMSS-Bienestar en Guadalupe; la construcción en su sexenio, de 22 mil viviendas para igual número de familias necesitadas y vulnerables; y el fortalecimiento del proyecto Milpillas que dará solución al abastecimiento de agua potable a más de medio millón de zacatecanos, desde Jiménez del Teúl hasta la zona metropolitana Fresnillo, Zacatecas y Guadalupe. Con sensibilidad social, la presidenta de México alecciona a gobernantes y legisladores sobre el valor de las prioridades y emergencias que hay que atender y pronto para que generen efectivo bienestar.
De hecho, en la víspera de la visita presidencial, el viernes pasado, Zacatecas vivió una especie de fractura que enturbió las relaciones entre gobernantes y sectores de la sociedad, después de cinco suspensiones provisionales por amparos resueltos por el Poder Judicial Federal, la asociación civil Ciudadanía Participativa liderada por los académicos y activistas Juan Francisco Valerio Quintero, Rodolfo García Zamora, Rubén Méndez, Francisco Javier Calzada y Darío del Real; el Movimiento Ciudadano que coordina Juan del Real Sánchez; y el despacho jurídico del abogado Jorge Rada Luévano, fueron notificados por el Juzgado Tercero de Distrito del Poder Judicial de la Federación, que se les concedió la suspensión definitiva de la obra del segundo piso que en diciembre había comenzado el gobierno del estado sobre 3 kilómetros, 340 metros cuyo costo es de 3 mil 700 millones de pesos.
Un año y tres meses han transcurrido en su lucha la Ciudadanía Participativa, con el fin de impedir la polémica obra que esencialmente pone en riesgo el nombramiento de la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad, además de argumentar derroche presupuestal en obra onerosa no necesaria ni prioritaria. La lectura que de inmediato dio Valerio Quintero fue en el sentido de que se trata de un triunfo por la enorme importancia que para los ciudadanos tiene el Poder Judicial formado por profesionales del Derecho capaces, experimentados e independientes como impartidores de justicia. El insistió en que la lucha seguirá con bases sólidas ante las aportaciones de elementos que hará el gobierno estatal y que el juez le ha solicitado presentar, o sea, continuará la misma ruta de protección y defensa de la ciudad capital.
Es innegable que el proceso legal se contaminó políticamente y se dio una confrontación de posturas hasta de partidos, porque ahí anidaron las versiones, reclamos y denuncias persistentes contra el gobierno morenista que conduce David Monreal Ávila, desde fuerzas del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, opositores que desde ahora buscan vulnerar y debilitar al partido en el poder frente a la sucesión gubernamental en 2027. En este sentido, la reacción a la suspensión definitiva, fue inmediata desde el secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, que ante los medios de comunicación exhibió permisos que demuestran no existe daño ambiental y un oficio del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), que señala tampoco hay riesgo de afectación al Patrimonio Cultural, de manera que seguirá el gobierno estatal por la ruta legal que establece la Ley de Amparo, con la certeza de que el proyecto va y será ejecutado, aunque queda claro que se trató de una resolución de carácter político y se declinará ante la decisión sesgada e injusta del Juez.
La distancia entre las posturas del gobierno estatal con el gobierno municipal y las organizaciones sociales es abismal, las diferencias tendrán que relucir en la cita ante el juzgador los días 21 y 22 de abril, en esos momentos habrá definición de posiciones de cara al proceso legal que se alargará. Mientras tanto y sin duda, se sumarán más cuestionamientos como una verdadera competencia jurídica atizada políticamente. Hay pues, una confrontación directa y abierta, un novedoso debate en el marco del Derecho y con la vigorosa intervención de organizaciones sociales que más han influido por encima de partidos políticos tradicionales que no han estado a la altura de los problemas.
Finalmente, sea cual sea la resolución última, deberá darse a partir del Derecho que se convertirá en una lección política más, porque la ciudadanía es el actor y protagonista en esta batalla legal que tristemente ha confrontado a los poderes estatal y municipal de Zacatecas capital, pero que resalta el perseverante activismo de organizaciones como Ciudadanía Participativa. Así pues, esto no se acaba hasta que se acaba y como corolario cabe admitir lo expresado ayer por el exgobernador Ricardo Monreal, “hagamos caso a la presidenta, si no, nos debilitamos como fuerza política y eso no debe ocurrir, porque nos vamos a mantener fortalecidos”. A la historia del segundo piso (viaducto elevado) le faltan varios capítulos por escribir y, en esas andan los actores que están directamente involucrados, mientras, la sociedad se divide ante un proyecto importante, pero, que no ha sido llevado correctamente por el Gobierno de Zacatecas desde su origen, todo, por la soberbia y orgullo de unos cuantos. Un proyecto de infraestructura que ha transitado entre lo legal, pero más entre lo político. Gravísimo error.
