La violencia infantil no puede seguir normalizándose bajo tecnicismos jurídicos. Este caso debe servir como alerta: la justicia debe ser un derecho, especialmente para quienes aún no tienen voz propia, como lo son las infancias de nuestro estado y país.
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En México, las cifras de violencia contra niñas, niños y adolescentes son alarmantes. Según datos del INEGI, cada día se denuncian en promedio 50 casos de agresiones sexuales contra menores. La mayoría de estas agresiones ocurren en entornos familiares o escolares, espacios que se supone deberían ser seguros para los menores.
En este contexto, es necesario comprender la diferencia legal entre abuso sexual y violación equiparada. Mientras el primero contempla actos sin penetración, el segundo se refiere a conductas que, sin ser violentas, implican acceso carnal con menores de edad o personas sin capacidad de consentimiento. Esta distinción es clave, pues permite a la defensa legal, la fiscalía y jueces de control buscar atenuantes o reclasificaciones del delito, como ocurrió recientemente con Rubén “N”, aun rector de la BUAZ.
Lo sucedido con Rubén “N” es una muestra clara de cómo las estructuras del poder y la pericia legal pueden socavar la justicia. El juez de control reclasifico el delito, disminuyendo la pena a cuatro años, sin prisión preventiva oficiosa, y obteniendo su libertad en cuestión de horas. Legalmente, la estrategia fue exitosa; es justo reconocer su eficacia. Pero también es prueba de cuán frágil y manipulable es nuestro sistema judicial.
Este hecho no solo evidencia la impunidad, sino también la corrupción y el influyentismo dentro de nuestras instituciones. Cuando vemos cómo se protege a los poderosos y se desprotege a las víctimas, es cuando el discurso de la 4T recobra fuerza: el poder judicial queda expuesto como un aparato que opera a favor de las élites y no del pueblo, y la institucionalidad se ve lacerada por quienes deberían representarla con responsabilidad moral y ética.
Este hecho se trata de un caso meramente moral y ético, a titulo personal, expreso un rechazo rotundo no solo a Rubén “N”, sino a todos aquellos que cometen estas atrocidades. El rector debería presentar de inmediato su renuncia irrevocable. La BUAZ merece dignidad, salvaguardar su prestigio y las víctimas justicia.
Hacemos un llamado urgente al Congreso del Estado de Zacatecas para que endurezca las sanciones previstas en el Código Penal local contra quienes cometan el delito de abuso sexual en perjuicio de menores de edad, previsto en el Artículo 231. Este delito es absolutamente deleznable, y sus agresores no deberían estar en libertad, caminando impunemente por las calles.
Asimismo, es fundamental garantizar atención profesional, especializada y sensible a las víctimas y a sus familiares cercanos, algo que hace mucha falta en la Fiscalía y en las instituciones oficiales encargadas de procurar justicia y brindar apoyo integral. La niñez merece protección, no indiferencia institucional.
