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El pasado primero de junio se hizo historia. Las elecciones del Poder Judicial fueron el resultado de años de lucha por mejorar la justicia en el país. Democratizarlo es cumplir con una anhelada deuda hacia la sociedad mexicana. Por años, este poder estuvo corrompido. Para obtener un cargo era necesario hacer carrera en redes de poder cerradas, alejadas del pueblo, dejando en la injusticia a las y los mexicanos y beneficiando a los grupos de poder.
Esta iniciativa nació del rechazo a la impunidad, de saber que hay jueces que absuelven a feminicidas y violadores; de magistrados y ministros que condonan o dejan en el olvido los juicios contra empresarios que evaden impuestos. Con un total de 84,266 actas contadas y con un 13% de participación, la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se perfila en ser cercana al pueblo mexicano.
De los nueve integrantes, cinco serán mujeres. Lenia Batres Guadarrama, la “ministra del pueblo”, defensora de las causas justas. Yasmín Esquivel Mossa, reconocida abogada con trayectoria en cargos del ámbito jurisdiccional. Loretta Ortiz Ahlf, destacada por su compromiso en el impulso de los derechos humanos. María Estela Ríos González, vinculada a la defensa de los derechos laborales de las personas trabajadoras. Por último, Sara Irene Herrerías Guerra, cuenta con más de treinta años de experiencia en el servicio público y destaca por su especialización en los ámbitos de política criminal y fiscal.
En cuanto a los cuatro hombres, Hugo Aguilar Ortiz, abogado de origen mixteco, lleva tres décadas en la defensa de los pueblos originarios. Giovanni Azael Figueroa Mejía, joven abogado, busca que la gente se sienta identificada con el nuevo sistema de justicia. Irving Espinosa Betanzo ha pugnado por un Poder Judicial plural e incluyente que erradique la corrupción. Arístides Rodrigo Guerrero García, el “ministro de las juventudes”, ha propuesto una justicia más accesible a través de la implementación de nuevas tecnologías.
La democratización del Poder Judicial es el camino correcto. La justicia no podía seguir siendo monopolio de una élite indolente. Elegir a jueces y ministros mediante el voto ciudadano representa un avance hacia una democracia más completa. Hasta ahora, el Poder Judicial ha sido una de las esferas menos tocadas por el voto popular. Que el pueblo decida es justicia con legitimidad. A los juzgadores electos, les corresponde honrar su futura labor y garantizar que la justicia sea pronta y expedita.
