La disputa por el Infonavit (segunda parte)
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Zacatecas, 29 de marzo de 2026
El pronóstico que deslicé en la parte final de mi colaboración anterior se cumplió. Visto estaba que la moneda que volaba por el aire dejaba ver un marcado color morado, el color de Morena, partido en el gobierno. Cayó de ese lado, las preocupaciones de sindicatos y empresarios no fueron consideradas. Con 71 votos a favor aportados por Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, la reforma fue consumada. En contra fueron el Pan, el PRI y Movimiento Ciudadano, juntos hicieron 36 votos en contra.
La reforma implica un cambio en el modelo de operación del INFONAVIT, uno que fortalece la presencia del gobierno en la conducción del instituto mediante la dotación de nuevas y potentes atribuciones de su director general; uno que crea una megaempresa constructora; uno que abre la posibilidad del arredramiento social y, uno que amplía la disposición de recursos para financiar sus fines.
Son estos los cuatro pilares que sostienen la reforma y hacen del INFONAVIT una institución del estado mexicano diferente, diferente de fondo. Son también la manzana de la discordia, el origen del debate parlamentario y social, son la causa que provocó la aparición de posturas contrapuestas, posicionamientos que construyeron dos escenarios encontrados. Aquí comprometo mi opinión.
En el primero de los casos, sí, efectivamente observo un manotazo sobre la mesa de parte del gobierno federal. La reforma fortalece decididamente la presencia del gobierno en la conducción del instituto, desequilibrando la paridad que siempre lo caracterizó. Si bien es cierto que los diputados la suavizaron, en el fondo, la intención se mantiene. La nueva facultad de vetar las resoluciones del Consejo de Administración que detenta el director general, lo comprueba. Si es o no acertado este cambio dependerá de su aplicación concreta, del uso o abuso que se haga de él, dependerá también de la integración de la Asamblea General, quien será finalmente quien resuelva los asuntos que, en uso de la nueva facultad, vete el director general.
El segundo pilar es la aparición de la megaempresa constructora. Ésta tiene características que ofrecen desconfianza: a. Es una empresa privada constituida con base en las leyes mercantiles; b. Su gasto de operación estará incluido en el presupuesto de egresos del INFONAVIT, es decir será una empresa subsidiada con recursos del instituto; c. Será una empresa exenta de pagar cualquier contribución federal, estatal o municipal; d. Es un misterio quiénes serán los suscriptores de su capital social, o sea sus dueños. La desconfianza deviene de posibilidades futuras que amenazan, por ejemplo el caso de que opere con pérdidas contables que quebranten su patrimonio, ¿Quién las va a pagar? ¿Con qué? La legislación no lo contempla, ¿Será que dispondrán de los recursos que administra el INFONAVIT para cubrirlas? Si fuera así, entonces claro que está en grave riesgo la subcuenta de vivienda que pertenece indiscutiblemente a los trabajadores, lo que sería además de injusto, profundamente peligroso.
Respecto al tercero de los pilares, el que se refiere a la aparición de la figura de arrendamiento social, prevalece la duda de cuando un arrendamiento puro se convierte en financiero, porque la nueva legislación ofrece la “opción a compra” que es característica del segundo. La legislación es omisa.
Finalmente, ¿De dónde obtendrá la megaconstructora su capital de trabajo? ¿Quién inyectará los recursos suficientes para comprar terrenos y maquinaria, adquirir materiales, pagar mano de obra? ¿Saldrán de la subcuenta de vivienda que administra el INFONAVIT? Advierto que lo manejo en forma especulativa porque la reforma no menciona en forma clara el origen, pero eso sí lo insinúa. Si la fuente de financiamiento para la operación de la megaconstructora es la subcuenta de vivienda que administra el INFONAVIT, entonces sí, estimado lector, el patrimonio de los trabajadores esta sobre los lomos de una “puerca pinta”.
