Las elecciones de jueces y magistrados representan un cambio significativo en la vida democrática del país. La pregunta es: ¿estamos preparados para asumir este reto con el conocimiento, la transparencia y la independencia que exige la impartición de justicia?
El próximo 01 de junio, los ciudadanos acudiremos a las urnas para ejercer nuestro derecho al voto en la elección popular de ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial. Se trata de un ejercicio democrático inédito en México, marcado por la incertidumbre sobre lo que encontraremos en la mampara: boletas con una gran cantidad de nombres de los cuales deberemos elegir a quienes garanticen la impartición de justicia en el país. En nuestras manos estará la responsabilidad de decidir quiénes asegurarán que la justicia sea pronta, imparcial y expedita.
El desconocimiento de las reglas para la elección de jueces, magistrados y ministros genera todavía muchas dudas, especialmente en cuanto a la organización de la jornada electoral. Confío en que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) harán su mayor esfuerzo; sin embargo, los recortes presupuestales, la reducción de personal operativo y las limitaciones en el suministro de materiales plantean una interrogante clave: ¿Cómo se garantizarán la certeza, la transparencia y la imparcialidad de la elección?
El panorama luce complejo, sobre todo para aquellos perfiles que busquen competir sin el respaldo de quienes hoy gobiernan el país. Sin los recursos necesarios para su promoción, difícilmente podrán llegar al electorado. Todo indica que quienes realmente tendrán posibilidades de contender serán aquellos cercanos al poder, con acceso al financiamiento público y con estructuras de movilización para el día de la elección. A pocas semanas de que inicie la etapa de promoción de los candidatos, el panorama sigue siendo incierto. Aún desconocemos sus propuestas, trayectorias y experiencia.
En 2025, además, se llevarán a cabo elecciones en Zacatecas. Según proyecciones, la participación se estima entre un 10 % y un 15 %, una cifra poco representativa y un desafío para la legitimidad de quienes impartirán justicia a partir del 2 de junio de 2025. Más aún si consideramos que muchos ciudadanos podrían desmotivarse ante tiempos de espera prolongados en las casillas.
El INE y el IEEZ han demostrado su capacidad operativa en distintos procesos electorales, garantizando reglas claras, representatividad de todas las fuerzas políticas y personal capacitado. No obstante, en esta elección inédita surgen muchas interrogantes: 1. La limitación presupuestal de ambos institutos. 2. La falta de reglas plenamente establecidas. 3. La selección de candidatos avalada por el Ejecutivo. 4. La intervención de estructuras gubernamentales en la jornada electoral. 5. Y lo más preocupante: un electorado desinformado y posiblemente condicionado por los programas sociales de la 4T.
