A todas y todos quienes hacen posible la comunicación en Zacatecas mi reconocimiento y gratitud por su entrega y compromiso con la verdad, la libertad de expresión sigue en riesgo. La mordaza solo fue aplazada, no abandonada.
Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresión.
En el artículo sexto constitucional está establecida la libertad de expresión, un derecho fundamental de toda persona a manifestar sus ideas, opiniones y creencias sin temor a represalias. Por ello, resulta alarmante que la presidenta Sheinbaum haya enviado al Senado de la República una propuesta de reforma a la Ley de Telecomunicaciones, conocida ya como la Ley Censura, que atenta de manera directa contra este derecho, limita la crítica, la pluralidad y la democracia.
El dictamen, compuesto por 283 artículos, se sostiene usando como pretexto un video que criminaliza a migrantes, difundido por el gobierno del Presidente Trump, la excusa perfecta para disfrazar la intención de censurar la opinión pública, concentrando el control de la narrativa a través de la Agencia de Transformación Digital, que determinaría qué información puede difundirse en radio, televisión e internet.
En el Capítulo VIII, De las Plataformas Digitales, Artículo 109, se establece textualmente: “Las autoridades competentes podrán solicitar la colaboración de la Agencia para el bloqueo temporal a una Plataforma Digital, en los casos en que sea procedente por incumplimiento a disposiciones u obligaciones previstas en las respectivas normativas que les sean aplicables. La Agencia emitirá los Lineamientos que regulen el procedimiento de bloqueo a una Plataforma Digital.”
Esta iniciativa representa un intento claro y directo de someter a los medios de comunicación, redes sociales y plataformas digitales al capricho del poder político. Bajo este nuevo esquema, las concesiones de radio y televisión quedarían a merced del gobierno: renovarlas, cancelarlas o condicionarlas sería una decisión política, no técnica ni imparcial.
Muy grave resulta también el poder que se pretende otorgar a la Agencia sobre el internet y las benditas redes sociales, las cuales serían vigiladas, reguladas y, eventualmente, censuradas. La opinión pública quedaría limitada y subordinada a los intereses del régimen. Tan grave es esta situación, que diversas organizaciones de la sociedad civil, defensoras de derechos humanos, medios de comunicación, empresarios y figuras políticas han manifestado su rechazo. Incluso organizaciones internacionales, como la ONU, haciendo un llamado a garantizar la libertad de expresión.
Hoy más que nunca, es necesario estar alertas. No basta con celebrar que la Ley Censura haya sido frenada por los legisladores de la 4T, este lunes no será discutida en el pleno. Debemos entender que, mientras exista la tentación del poder absoluto, la libertad de expresión seguirá siendo un derecho bajo amenaza constante. La libertad de decir, escribir y pensar libremente no puede ser vulnerada.
