El nepotismo es una forma de corrupción, es un abusivo ejercicio del poder, es un vehículo que trastoca la meritocracia.
El combate al nepotismo siempre será bienvenido.
En el marco de la celebración del aniversario de nuestra Carta Fundamental, el pasado 05 de febrero, la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció el ingreso al Senado de la República, como cámara de origen, de una iniciativa de reforma constitucional con dos objetivos: 1.- Dar marcha atrás a la reelección inmediata de gobernantes y legisladores, y 2.- Terminar con el nepotismo gubernamental.
Llama la atención la temporalidad de la iniciativa, cuando en el ánimo social están más presentes las amenazas a nuestra estabilidad económica lanzadas desde la mismísima casa blanca, sede del gobierno americano. Sin embargo, tampoco me parece que se trate de un distractor, no cumple con los extremos para serlo. En realidad, se trata de una reforma que merece el análisis y el debate de sus consecuencias, no es pues un tema de coyuntura sino una auténtica reforma de estado.
En el primer caso, impedir la reelección inmediata de quienes hoy pueden hacerlo, virtud a la reforma del 2014, es decir, senadores, diputados federales y locales, presidentes municipales y sus correspondientes ayuntamientos, amerita una reflexión que intente medir sus ventajas y desventajas. Sorprende la elasticidad del argumento político en una sociedad que apenas construye una incipiente cultura democrática. Hace apenas 11 años, nos vendieron a la reelección como la panacea para consolidar nuestro sistema político, nos ofrecieron como ventajas: la verdadera consolidación de la carrera legislativa; la estabilidad política; la mayor responsabilidad de los legisladores al sujetarse “inmediatamente” al escrutinio ciudadano; el fomento de proyectos parlamentarios con visión de largo plazo; la consolidación de la experiencia legislativa.
Hoy, según se desprende de la exposición de motivos de la iniciativa, ninguno de esos objetivos sirvió, ni se logró. La Presidenta Sheinbaum considera que es momento de corregir. Desde mi perspectiva, a la aludida reforma de 2014 le faltó maduración, la estamos cercenando del texto constitucional demasiado rápido, impidiendo con ello, la real valoración de sus posibles resultados y el eventual logro de los objetivos que se plantearon. No me queda duda, será aprobada. Vista desde un plano general, no creo que la reforma aterrice en mejores resultados medibles en los niveles de bienestar de la población; en el plano particular, es decir si la imaginamos con nombre y apellido, seguramente generó frustración para muchos. En este contexto me parece válido preguntarnos, qué pasar sistemáticamente de diputados a senadores y viceversa, ¿No es en el fondo una reelección legislativa? Tal supuesto no está considerado.
En el segundo caso, prohibir el nepotismo gubernamental –reforma, seguramente más eficaz--, pretende evitar la construcción o la continuidad de cacicazgos locales; casos como el de Coahuila, en donde un hermano heredó la gubernatura, o el de Puebla en donde el Gobernador entregó el poder a su esposa (intención que la fatalidad malogró), son antecedentes que la memoria colectiva tiene presentes, y que, sin duda, trastocan el principio de equidad electoral. Hay quienes, suspicaces que son, tratan de meterse en la psiquis de la Presidenta pretendiendo concluir si la reforma tiene destinatarios específicos. No lo veo así.
La reforma en esencia establece que “…los cargos de elección popular no podrán ser ocupados por personas que tengan o hayan tenido en los últimos tres años anteriores al día de la elección un vínculo de matrimonio o concubinato o relación de pareja o de parentesco por consanguinidad o civil en línea recta sin limitación del grado y en línea colateral hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo grado, con la persona que está ejerciendo la titularidad de ese cargo.”
