Es momento de asumir con responsabilidad histórica esta discusión. Hoy más que nunca, México necesita esa madurez política para representar de verdad los intereses de la gente, y esos intereses están planteados en el proyecto de reforma electoral que viene.
La democracia en nuestro país es joven, apenas van cinco décadas en que México ha construido su sistema electoral y ha sido poco a poco, enfrentando resistencias para lograr sacar reforma tras reforma, a punta de diálogo, de enfrentamiento de ideas. Desde 1977, cuando el país abrió la puerta al pluralismo político y sentó las bases de la representación proporcional, hasta la consolidación de instituciones autónomas en los años noventa y la transformación del IFE en el INE en 2014, cada avance ha sido fruto no solo del talento técnico y la capacidad jurídica de quienes participaron, sino sobre todo de la voluntad política para sentarse a dialogar incluso en los momentos más tensos.
No debemos olvidar que muchas de estas reformas surgieron en contextos de profunda polarización. En los años ochenta, la exigencia social de mayor representación obligó a replantear las reglas de asignación legislativa. En los noventa, tras crisis políticas y cuestionamientos severos a la legitimidad electoral posterior al conflicto de 1988, se tomó la decisión histórica de construir una autoridad electoral autónoma, ciudadanizada y con controles claros. Aquellos acuerdos no fueron sencillos, implicaron concesiones, debates intensos y la convicción de que el país estaba por encima de cualquier interés partidista.
La reforma de 1996 fortaleció la autonomía electoral y dio paso a un sistema de competencia más equilibrado, posteriormente, los cambios en materia de fiscalización y acceso a medios buscaron mayor equidad en las contiendas. La reforma de 2014 amplió las responsabilidades nacionales de la autoridad electoral y abrió la puerta a la reelección legislativa y municipal, así como a candidaturas independientes. Más adelante, la paridad de género se convirtió en mandato constitucional, garantizando que las mujeres tuvieran el lugar que históricamente se les negó en la toma de decisiones públicas.
Cada uno de esos momentos tuvo algo en común y es que, cuando la polarización parecía insalvable, el diálogo se volvió más necesario que nunca. Las reformas se lograron en gran medida a la lucha de la izquierda; no fueron en ningún momento concesiones ni dádivas de representación, sino el resultado de la presión social por estar presentes en la vida política. Fueron el resultado de reconocer que la democracia mexicana debía fortalecerse con la inclusión de todas las fuerzas políticas y con reglas claras para la competencia.
Hoy México se encuentra ante una nueva etapa. La próxima reforma electoral que está en puerta plantea propuestas sin precedente. Se habla de rediseñar estructuras, de revisar el financiamiento, de modernizar procedimientos y de ajustar la representación legislativa. Son cambios de gran calado que, de concretarse, marcarán una nueva fase en la evolución democrática del país.
Por eso, esta coyuntura exige exactamente lo que ha permitido avanzar en el pasado: talento técnico, capacidad jurídica, pero sobre todo apertura al diálogo y voluntad política. No se trata de imponer una visión, sino de escuchar todas las voces, de construir consensos amplios y de garantizar que el resultado fortalezca el sistema democrático y de partidos que tanto trabajo ha costado consolidar.
