En México, el 54% de la población económicamente activa del país trabaja por cuenta propia, de acuerdo con los últimos datos del Inegi. A nivel global, el 48% del empleo es independiente, según datos del Banco Mundial.   En otras palabras, millones de personas trabajadoras generan sus propios ingresos sin depender de un patrón. Son trabajadoras   y trabajadores independientes que, pese a su aportación económica y social, siguen desprotegidos ante la ley.

La Constitución Mexicana, en su artículo 123, fue diseñada pensando exclusivamente en la relación laboral subordinada, sin incluir a quienes trabajan de manera autónoma. Esta omisión constitucional ha generado una brecha de desigualdad que se debe corregir. Organismos como la Organización Internacional del Trabajo han señalado la urgencia de proteger a los trabajadores autónomos y han emitido recomendaciones claras al respecto. Países como Colombia, Argentina, Francia y España ya han incluido esta figura en su marco constitucional.

Los trabajadores independientes enfrentan múltiples desafíos: falta de acceso a seguridad social, incertidumbre en sus ingresos, dificultades para obtener crédito y financiamiento, acceso a pensiones y jubilaciones, y ausencia de capacitación institucional. Aunque la Ley del Seguro Social ya reconoce a este grupo desde 2022, no es suficiente. Las leyes secundarias son vulnerables a cambios políticos o administrativos. Solo una reforma constitucional puede garantizar certeza jurídica y permanencia de sus derechos.

Ante estos retos, es necesario reformar el artículo 123 Constitucional con el objetivo de elevar a rango constitucional el reconocimiento del trabajador independiente, estableciendo su derecho al acceso a la seguridad social, condiciones dignas de trabajo, capacitación y protección de la salud. El Estado debe promover la formalización de sus actividades y facilitar la  inclusión en los sistemas de protección social.

Estamos hablando de justicia laboral, pero también de visión económica. El trabajo independiente representa una válvula de escape ante la falta de empleo formal. Es una opción de vida para millones de personas mayores, para madres jefas de familia, para jóvenes emprendedores. Es un motor de la economía informal que puede convertirse en motor de crecimiento formal y sostenible si se les otorgan las herramientas necesarias.  Transformar al país se logra con apoyando a los que trabajan, los que producen, los que luchan todos los días por un país más productivo, más justo y más progresista.