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El horror volvió a manifestarse en Jalisco. El colectivo de búsqueda Guerreros Buscadores encontró un campo de reclutamiento y desaparición forzada en el rancho conocido como Izaguirre en Teuchitlán. Ahí, entre el polvo y la desolación, se hallaron prendas de vestir, mochilas, maletas, calzado y objetos personales. Rastros de vidas truncadas, de sueños arrebatados, de jóvenes que buscaban una oportunidad para salir adelante y encontraron la muerte o la esclavitud al servicio del crimen organizado.
La realidad nos golpea con la crudeza de la evidencia: estos sitios no son aislados. ¿Cuántos más existen en México? ¿Cuántos campos de concentración disfrazados de centros de reclutamiento clandestino estarán operando en nuestro hermoso país? La crueldad se hace visible en fotografías de zapatos olvidados, mochilas abandonadas y familias destrozadas.
Este caso no puede quedar en el olvido. La Fiscalía General de la República debe tomarlo sin dilaciones ni pretextos. México merece un informe detallado y veraz de estos terribles acontecimientos. Las familias de las víctimas tienen derecho a conocer la verdad, a que se les presenten a los responsables y a recuperar a sus seres queridos, aunque sea en la tragedia de una tumba.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó como “terrible” el hallazgo y, durante una conferencia de prensa, enfatizó la necesidad de llevar a cabo una investigación exhaustiva para esclarecer lo sucedido y deslindar responsabilidades. Sin embargo, para los familiares de las víctimas, resulta indignante que un hecho tan evidente no reciba una respuesta inmediata y contundente por parte del Estado mexicano, cuando existen elementos suficientes para fincar responsabilidades y encontrar a los culpables.
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, enfrenta fuertes críticas a su gobierno, ya que en sus primeras declaraciones afirmó que el suceso no ocurrió durante su administración. No obstante, es su responsabilidad garantizar una investigación inmediata, transparente y efectiva para combatir la impunidad, tratar de evitarlo, investigarlo y encontrar a los responsables.
Este hallazgo es otra consecuencia de la política de abrazos y no balazos de López Obrador, que ha permitido que los delincuentes operen sin temor. No podemos seguir normalizando el horror ni permitiendo que la impunidad gobierne. Es momento de exigir justicia, de no bajar la voz y de enfrentar esta crisis con la seriedad y el compromiso que merece. México no puede seguir siendo un país donde los jóvenes desaparecen sin dejar rastro, mientras las autoridades miran hacia otro lado.