Estados Unidos y México tienen los elementos jurídicos para detener el tráfico ilegal de armas y, con ello, detener también el tráfico de drogas, la violencia y la criminaldiad.
El Gobierno de Estados Unidos declaró a ocho cárteles como organizaciones terroristas extranjeras (OTE o FTO por sus siglas en inglés), entre las que se encuentran seis que operan en nuestro país. Una decisión controversial y polémica porque los riesgos globales como la delincuencia organizada trasnacional requiere soluciones conjuntas entre los países involucrados y no decisiones unilaterales. Hay que tener claro que la decisión del Gobierno de Estados Unidos tiene una intencionalidad política. La declaratoria es un hecho y se tiene que utilizar para detener el tráfico ilegal de armas. Lo anterior será también un impulso para que se apruebe la reforma que presenté para que el tráfico ilegal de armas sea considerado un delito grave y amerite prisión preventiva oficiosa.
Investigaciones de instituciones de justicia y seguridad de Estados Unidos señalan que más del 70% de las armas que se tráfican ilegalmente a México llegan a manos de los grupos de delincuencia organizada. Estas armas de muy alto calibre explican el alto poder de fuego de los grupos delictivos, lo que dificulta que las policías los puedan enfrentar. Además, estas armas ilegales cada vez más sofisticadas y poderosas han llevado a otros niveles de violencia y peligrosidad.
Ahora bien, designar a los cártes como OTE conlleva: 1) sanciones por proporcionar apoyo y cualquier asistencia a una organización designada como terrorista; 2) congelar los activos financieros de personas o empresas que apoyen a dichas organizaciones; 3) los miembros de dichas organizaciones no serán admitidos a Estados Unidos y serán sujetos a deportación inmediata si ya están en ese país; 4) investigar penalmente a cualquier persona o empresa asociada con los cárteles. En este sentido, a las armerías que venden armas a los cárteles, ahora designados como OTE, se les tienen que aplicar estas medidas: investigarlas penalmente, imponerles sanciones y congelar sus cuentas. Las armerías tendrán que dejar de vender armas a los cárteles.
Antes de esta declaratoria, desde el 6 de octubre de 2022 presenté una iniciativa de reforma constitucional para que el tráfico ilegal de armas sea considerado un delito grave que amerita prisión preventiva oficiosa. El 30 de marzo de 2023, por mayoría calificada de 454 votos a favor se aprobó en la Cámara de Diputados y se turnó a la Cámara de Senadores, en donde está pendiente su aprobación. Este es el momento para aprobar dicha reforma.
Ante la declaratoria del Gobierno de Estados Unidos, la Presidenta de la República presentó una reforma constitucional para fortalecer y blindar la soberanía nacional, así como imponer a quien cometa el delito de tráfico ilegal de armas la pena más severa y amerita prisión preventiva oficiosa. Es decir, es una reforma en el mismo sentido a la que presenté anteriormente y que buscamos sea aprobada en el Senado para que se convierta en ley vigente.
