Equipos como Mineros FC, Leones Negros y Morelia acusan a la FMF de cerrar el ascenso con reglas injustas.
Redacción / El Sol De Zacatecas
El conflicto entre los clubes de la Liga de Expansión y la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) por el tema del ascenso y descenso ha escalado a niveles sin precedentes. Tras presentar una demanda formal ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), ocho equipos han decidido dar un paso más radical: boicotear completamente el proceso de certificación que establece la FMF.
Leones Negros de la UdeG, Tepatitlán, Atlético Morelia, Cancún FC, Venados de Mérida, Atlético La Paz, Mineros FC y Alebrijes de Oaxaca han emitido un comunicado conjunto donde expresan su rechazo total al sistema actual. Su decisión de no presentarse al proceso de certificación marca un punto de quiebre en la relación entre estos clubes y la máxima autoridad del fútbol nacional.
Durante años nos han dicho lo mismo: que el ascenso a la Liga MX está abierto, que solo hay que cumplir con los requisitos. Pero quienes vivimos este proceso por dentro conocemos la verdad: el llamado proceso de certificación no es un filtro de calidad, es un candado diseñado para que el ascenso a la primera división nunca se abra.
El proceso de certificación evalúa múltiples aspectos que van desde la infraestructura física, incluyendo estadios que cumplan con los requerimientos FIFA, hasta las finanzas del club y la presentación de un plan de negocios estructurado. Sin embargo, los equipos inconformes argumentan que estos requisitos se han convertido en barreras infranqueables más que en estándares de calidad.
La principal queja de los clubes radica en la opacidad del sistema. “Las reglas se aplican de forma discrecional. Las auditorías son externas, pero la decisión final queda en manos de un comité opaco, sin rostro ni rendición de cuentas”, denuncian en su comunicado, evidenciando la falta de transparencia en un proceso que determina el futuro de sus instituciones.
Los equipos rebeldes hacen un recuento histórico que se remonta a 2016, año en que se modificó por primera vez el sistema de ascenso y descenso. Desde entonces, han sido testigos de cómo diversos equipos de primera división pagaron por mantener su categoría, hasta llegar al punto actual donde el ascenso fue completamente erradicado.
Esta cronología de cambios constantes en las reglas ha generado una desconfianza profunda entre los clubes de la Liga de Expansión, quienes consideran que han sido víctimas de un sistema que constantemente mueve las reglas del juego para mantenerlos alejados de la máxima categoría.
El mensaje final de los ocho clubes trasciende sus propios intereses institucionales. “Lo que buscamos no es compasión, ni que nos regalen nada. Esperamos que los niños y aficionados puedan soñar con tener a su equipo en el máximo circuito del fútbol mexicano“, expresan, poniendo sobre la mesa el impacto que esta situación tiene en las comunidades que representan.
Esta declaración evidencia que la lucha por el ascenso va más allá de los aspectos económicos o deportivos; se trata de preservar la esperanza y los sueños de miles de aficionados que ven en sus equipos locales la posibilidad de competir al más alto nivel.
Con esta decisión de no participar en el proceso de certificación, los ocho clubes han lanzado un desafío directo a la FMF y a la Liga MX. Su demanda ante el TAS y su boicot al sistema actual plantean interrogantes sobre el futuro del fútbol mexicano y la viabilidad de un modelo que parece diseñado para mantener un statu quo que beneficia a los equipos ya establecidos en primera división.
La respuesta de las autoridades del fútbol mexicano a esta rebelión organizada será crucial para determinar si existe una verdadera voluntad de abrir las puertas del ascenso o si, como denuncian estos clubes, el sistema actual está diseñado para mantener cerrado para siempre el camino hacia la Liga MX.
El fútbol mexicano se encuentra en una encrucijada donde la legitimidad del sistema competitivo está siendo cuestionada por quienes buscan una oportunidad real de ascender. La resolución de este conflicto definirá no solo el futuro de estos ocho equipos, sino la credibilidad del sistema de competencias en el balompié nacional.
