Corte frena recorte de aguinaldos a jubilados del Issstezac

El pleno de la SCJN determinó que los jubilados no deben pagar la crisis del Issstezac y limitó el recorte de aguinaldo aprobado en la reforma.

Sesión Suprema Corte de Justicia de la Nación — Tras invalidar artículos de la reforma, la SCJN ordenó revertir recortes al Issstezac, lo que implicará restituir 240 millones a jubilados. / Foto: Cuartoscuro.com

Raúl García

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó dos artículos de la reforma a la Ley del Issstezac que permitían suspender el pago de pensiones ante una eventual quiebra del Instituto, y limitó los efectos de un tercer artículo que redujo el aguinaldo aplicado a más de seis mil jubilados.

Al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 149/2024, interpuesta por el Poder Ejecutivo federal en contra de tres disposiciones legales, los ministros de la SCJN coincidieron en que la reforma al Issstezac pretendía atender la crisis financiera del Instituto; sin embargo, consideraron que ello no justifica que los derechohabientes asuman las consecuencias de los malos manejos administrativos.

“Los trabajadores no deben cargar con el peso de una mala administración y es obligación del Estado cubrir esas pensiones”, expresó la ministra ponente, Loretta Ortiz Ahlf, quien durante la sesión del pleno modificó su propio proyecto, el cual originalmente validaba los tres artículos impugnados.

Aunque defendió inicialmente la legalidad de recortar al 50% el aguinaldo —previsto en el artículo 74— al considerarlo “un apoyo adicional”, la ministra terminó respaldando la resolución del pleno, que limitó dicha reducción únicamente a los trabajadores que comenzaron a cotizar después de la reforma publicada en agosto de 2024.

Durante la discusión, la ministra María Estela Ríos González sostuvo: “No tienen los trabajadores por qué pagar las consecuencias de un quebranto financiero cuya responsabilidad correspondió al Issstezac y no a los propios trabajadores”.

Por su parte, Lenia Batres Guadarrama se pronunció por invalidar los tres artículos impugnados, al considerar que restringen los derechos humanos dentro de los límites constitucionales en perjuicio de un grupo vulnerable.

Finalmente, el pleno de la SCJN declaró la invalidez total de los artículos 128 y 128 Bis del Issstezac, los cuales establecían que el otorgamiento de prestaciones y el cumplimiento de obligaciones del Instituto estarían sujetos a su capacidad financiera.

Si bien se declaró la validez del artículo 74, se eliminó su carácter retroactivo, por lo que la reducción del aguinaldo de 60 a 30 días de pensión solo podrá aplicarse a quienes comenzaron a cotizar a partir del 11 de agosto de 2024.

Al revertirse el recorte aplicado a más de seis mil derechohabientes, el Issstezac deberá restituir cerca de 240 millones de pesos que dejó de pagar durante los últimos dos años.

Preocupa quiebra

Tras reconocer que la Legislatura de Zacatecas aprobó la reforma con el objetivo de atender la crisis financiera del organismo, el presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, declaró:

Estoy preocupado por la viabilidad financiera del Instituto, y en algo tendríamos que contribuir para que recupere la estabilidad.

Recordó que el jueves previo sostuvo un encuentro con derechohabientes del Issstezac, quienes le expusieron que durante varios años se hizo un uso inadecuado de los fondos del Instituto, además de realizarse inversiones fallidas, como la apertura de un centro vacacional.

Antes de emitir un voto concurrente, advirtió sobre los riesgos de invalidar la reforma:

No por garantizar al extremo los derechos podemos conducir a la inviabilidad financiera del Instituto, lo que después generaría un problema mayor.Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la SCJN

María Estela Ríos González reiteró que la falta de recursos no puede ser un argumento para incumplir con la seguridad social, y subrayó:

El Estado no puede entrar en quiebra; entran las empresas privadas, pero el Estado no.

En el mismo sentido, Lenia Batres sostuvo que condicionar el cumplimiento de las obligaciones del Instituto a su capacidad financiera restringe el contenido esencial del derecho a la seguridad social, lo que vulnera directamente el principio de progresividad de los derechos humanos.

Validar que el Issstezac se excuse del cumplimiento de sus obligaciones por razones presupuestales implica una regresión injustificada y una renuncia legislativa a garantizar el derecho a la pensión y las demás prestaciones.Lenia Batres, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación