Director del Instituto describe situación actual como una “pesadilla”.
Rafael de Santiago
El funcionario señaló una problemática estructural en el sistema: quienes han demandado judicialmente el pago de aguinaldos nunca cotizaron para dicha prestación durante su vida laboral.
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac) atraviesa una grave crisis financiera tras haber desembolsado 340 millones de pesos por concepto de aguinaldos, pagos realizados bajo requerimiento judicial de jueces de distrito, según informó Ignacio Sánchez, director del Instituto.
La institución, que actualmente atiende a 18 mil 490 trabajadores activos y 6,158 pensionados, ha solicitado la cancelación de las multas impuestas, argumentando un déficit significativo en sus finanzas que afecta también a la Sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y al Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas (Cobaez).
Sánchez describió la situación actual como “una pesadilla”, destacando que la relación entre trabajadores activos y pensionados ha empeorado considerablemente. “Cuando llegamos eran 4.4 trabajadores activos por cada pensionado, y actualmente son solo tres trabajadores sosteniendo cada pensión“, explicó.
Esos que reclaman el aguinaldo nunca le pusieron al cochinito ni aportaron al fondo de pensiones cuando recibieron sus días de aguinaldo. No midieron la simetría al fondo de pensiones.Ignacio Sánchez, director del Issstezac
Aunque el instituto no ha recibido notificación formal de multas, Sánchez advirtió que el colapso financiero era previsible debido al constante incremento de cargas económicas a la institución. Además, responsabilizó parcialmente a administraciones anteriores por el deterioro financiero, señalando específicamente el sexenio del ex gobernador priista Miguel Alonso Reyes, periodo durante el cual, según indicó, “se dejaron de pagar prestaciones del Cobaez“.
La situación pone de manifiesto los retos financieros que enfrentan los sistemas de seguridad social estatales ante el creciente desequilibrio entre trabajadores activos y pensionados, agravado por demandas judiciales de prestaciones para las cuales no existieron aportaciones correspondientes.
