La Sección 58 del SNTE inició una estrategia jurídica para recuperar el pago íntegro de los aguinaldos 2024 y 2025 de jubilados del Issstezac.
Raúl García
La Sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) inició una estrategia jurídica para lograr el pago completo de los aguinaldos 2024 y 2025 que corresponden a jubilados y pensionados del Issstezac.
Marcelino Rodarte Hernández, líder seccional del SNTE 58, informó que la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declaró la irretroactividad del recorte del 50% al aguinaldo, abre rutas legales para que los derechohabientes del Issstezac recuperen los montos no pagados.
Según datos oficiales del Issstezac, existen seis mil 514 pensionados, de los cuales dos mil 422 pertenecen al SNTE, lo que convierte a este gremio magisterial en el más afectado por la reforma pensionaria, que redujo el aguinaldo de 60 a 30 días.
Quienes ya cuentan con sentencia firme favorable en juicio de amparo deberán promover, dentro del mismo procedimiento, el cumplimiento de la resolución judicial o la repetición del acto reclamado, con el objetivo de obtener el pago íntegro del aguinaldo correspondiente a 2024 y 2025.
En el caso de quienes tienen amparos en trámite o sentencias no firmes, se recomendó esperar a que la resolución cause estado, para que sus abogados gestionen el cumplimiento, lo que permitiría recuperar la parte faltante de la prestación.
Para quienes no promovieron juicio de amparo, el secretario general de la Sección 58 del SNTE informó que el fallo reciente de la SCJN abre una nueva oportunidad jurídica para iniciar un procedimiento legal que permita reclamar el pago total de los aguinaldos de ambos años.
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Subrayó que el SNTE brindará acompañamiento jurídico mediante su asesoría legal, con el fin de orientar a los agremiados en cada uno de los escenarios legales derivados de la resolución de la Corte.
La dirigencia sindical reiteró que la exigencia central es la restitución del derecho adquirido de jubilados y pensionados, y que las autoridades responsables respeten el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
