Exdirector de Secundaria Técnica 1 exige reinstalación

Juan Carlos Torres Alba y una trabajadora social piden ser reincorporados tras ser separados por un caso de IA; la Fiscalía no acreditó delito alguno.

Escuela secundaria técnica 1 en Zacatecas — La Fiscalía estatal no acreditó violación a la intimidad sexual, pero exautoridades de la Secundaria Técnica 1 siguen fuera de sus funciones. / Foto: Alejandra de Ávila / El Sol de Zacatecas

Raúl García

Juan Carlos Torres Alba y Magdalena de la Luz Huerta, exdirector y extrabajadora social de la Secundaria Técnica 1, exigen su reincorporación inmediata a los puestos de los que fueron separados tras ser señalados por presunta negligencia, derivada de la denuncia por difusión de material pornográfico generado por Inteligencia Artificial, que supuestamente incluía el rostro de alumnas.

El 10 de noviembre, padres y madres de familia suspendieron clases y bloquearon el bulevar metropolitano para exigir justicia por el presunto delito de violación a la intimidad sexual de sus hijas. Ante estas acusaciones, la Secretaría de Educación del Estado separó a los funcionarios educativos de sus cargos.

Los padres de familia también acusaron al director y a la trabajadora social de intentar ocultar el incidente, en el que un alumno fue señalado como autor del material íntimo supuestamente publicado en una página de internet que, según la Fiscalía General de Justicia del Estado, no ha sido localizada como prueba del delito.

El abogado Jorge Rada Luévano informó este lunes que su despacho jurídico asumió la defensa legal de ambos trabajadores del plantel, “con el objetivo de lograr su reincorporación inmediata, el deslinde público correspondiente y la reparación del daño por las afectaciones causadas”.

Destacó que los docentes “fueron separados de manera fáctica de sus funciones, sin acto administrativo fundado y motivado, ni procedimiento previo conforme a la Constitución, medida ejecutada sin notificación formal, resolución escrita ni sustento jurídico”.

“Los maestros cumplen una función esencial como orientadores y formadores académicos y éticos, pero carecen de facultades legales para revisar o responsabilizarse del contenido digital que los alumnos consumen o intercambian en sus dispositivos electrónicos, pues hacerlo implicaría violar la privacidad y la ley”, agregó.

Estigmatización social

En la notificación oficial entregada este lunes a la Secretaría de Educación, Torres Alba y Huerta lamentan haber sido objeto de estigmatización social y hostilidad a partir del manejo mediático del caso.

“Diversos padres de familia nos han dirigido agresiones verbales y señalamientos infundados, generando un ambiente hostil, inseguro y contrario a la dignidad profesional de nosotros y de nuestras familias”, señala el escrito legal.

Exigen que en un plazo no mayor a dos días, a partir del 15 de diciembre, la Secretaría de Educación emita una respuesta oficial; de lo contrario, “se interpretará como negativa ficta, haciendo procedente el juicio de amparo correspondiente”.

Solicitan su reincorporación inmediata con seguridad laboral, dignidad profesional y ambiente no hostil, o en su caso, que se les asigne formalmente otro centro educativo.

Sin pruebas de delito

La defensa legal argumenta que no existe material ilícito, incluido el supuesto catálogo sexual que circuló en redes sociales, por lo que no hay evidencia que vincule a los docentes con los hechos denunciados.

El 2 de diciembre, Cristian Paul Camacho Osnaya, titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado, reconoció que no se ha acreditado el delito de violación a la intimidad sexual.

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Informó que de las 48 denuncias formales, en 46 casos las denunciantes declararon no haber visto ni una fotografía ni la página web donde supuestamente un alumno de 14 años publicó el material sexual. En las dos restantes, una no recuerda la página y la otra sí vio una imagen, pero no provenía de un sitio web.

Según el barrido web realizado por las unidades de análisis de la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), no existe un link al contenido íntimo denunciado.

La defensa del exdirector subrayó este lunes que: “pese a ello, la autoridad educativa no ha emitido deslinde oficial ni resolución administrativa, permitiendo que persista un ambiente de estigmatización, hostilidad y daño al honor profesional de personas que, hasta el momento, no enfrentan procedimiento ni imputación legal”.