Exigen al Congreso investigar desvíos en viaducto elevado

Ciudadanía Participativa denuncia desvíos presupuestales y fideicomiso ilegal en el cancelado proyecto del viaducto elevado; exigen acciones legales y transparencia.

Conferencia ciudadanía participativa — Rodolfo García Zamora, representante de la organización, destacó la urgencia de aclarar la asignación de la obra y el anticipo de 450 millones de pesos otorgado a la empresa Hycsa. / Foto: Flor Castañeda / El Sol de Zacatecas

Paola Covarrubias

Tras la cancelación del proyecto del viaducto elevado, la organización Ciudadanía Participativa exigió al Congreso del Estado que convoque a una sesión extraordinaria para analizar las presuntas desviaciones presupuestales y la creación ilegal del fideicomiso utilizado para ocultarlas.

Rodolfo García Zamora, representante de la organización, destacó la urgencia de aclarar la asignación de la obra y el anticipo de 450 millones de pesos otorgado a la empresa Hycsa. “Es fundamental esclarecer el monto y ubicación actual de los recursos desviados del presupuesto estatal y que se defina la aplicación a las verdaderas prioridades de los 58 municipios y un millón 600 mil zacatecanos“, señaló.

Críticas al destino de los recursos

García Zamora criticó que el gobierno y la empresa Hycsa “ya definieron que van a aplicar ese recurso para la autopista Aguascalientes-Zacatecas“, sin que el Congreso haya ejercido su función fiscalizadora para determinar el destino de estos fondos públicos.

El dirigente expuso que en todo el estado existen múltiples necesidades y reprochó que los recursos no se hayan destinado a las carencias en hospitales, las necesidades del campo, las carreteras y la seguridad pública. “No hay ninguna estrategia seria del gobierno estatal de desarrollo económico, social y para su solución”, declaró.

Llamado a la transparencia presupuestal

Por ello, hizo un llamado a los zacatecanos para exigir que el presupuesto de 2026 y años siguientes se elabore con base en propuestas serias, con todos los requisitos legales y estudios técnicos necesarios que garanticen su correcta utilización para resolver los problemas económicos, sociales, ambientales y de violencia e inseguridad del estado.

Acciones legales en proceso

El abogado Darío del Real Campos informó que la organización promoverá que se exponga “quién hizo las cosas mal y por qué quisieron engañar con que había permisos“, para dar paso a las acciones administrativas y penales correspondientes.

“Es el momento procesal para ingresar denuncias, nosotros promoveremos estas acciones”, advirtió Del Real Campos.

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El jurista detalló que en total se presentaron 136 amparos contra el proyecto, de los cuales se obtuvieron 28 suspensiones provisionales y nueve suspensiones definitivas, lo que evidencia las irregularidades legales del controvertido proyecto vial.

La organización mantiene su postura de vigilancia ciudadana sobre el manejo de los recursos públicos y exige que el Congreso del Estado cumpla con su función fiscalizadora ante esta problemática que afecta las finanzas estatales.