Este lunes la Corte vota la acción federal contra la reforma al Issstezac. Pensionados actuales conservarían derechos, pero futuros sufrirían recortes.
Raúl García
Prevén un “triunfo parcial” para pensionados y jubilados en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como parte de la acción de inconstitucionalidad en contra de diversos artículos de la reforma a la ley del Issstezac.
Según los asuntos programados, este lunes los ministros de la SCJN discutirán y votarán la acción de inconstitucionalidad 149/2024, interpuesta por el gobierno federal.
El tema se iba a resolver desde el pasado 6 de enero, pero se pospuso para “escuchar a las partes involucradas”. Cabe recordar que en dicha fecha, un grupo de pensionados y jubilados se manifestó en la sede de la Suprema Corte y entregó escritos en contra del proyecto de la ministra Loretta Ortiz Ahlf.
En días posteriores, la ministra modificó su proyecto respecto a la Acción de Inconstitucionalidad, aclarando que a las personas ya pensionadas hasta el 10 de agosto de 2024 “deberá mantenerse la prestación del aguinaldo en los términos previstos antes de la reforma” que recortó el monto de la prestación en un 50 por ciento.
El abogado Guillermo Rivera, del despacho De la Peña Rivera, que representa a cientos de derechohabientes del Issstezac, calificó dicha modificación como “un triunfo parcial”, pues en el proyecto permanecen otros atentados a los derechos de los pensionados.
Lamentó que, de aprobarse el proyecto, los nuevos y futuros pensionados sí sufrirían el recorte de prestaciones, bajo el argumento de que no se viola el derecho a la seguridad social, lo que el abogado calificó como “un antecedente peligroso”.
Explicó que en otros estados se reciben prestaciones accesorias, adicionales a lo que dice la ley, como bonos y gratificaciones, que a pesar de no ser parte del núcleo de la pensión, “son derechos adquiridos y parte del patrimonio pensionario”.
Opinó que también es muy peligroso que la ministra siga justificando la validez de los artículos 128 y 128 Bis de la ley del Issstezac, que condicionan el pago de las pensiones “hasta la suficiencia presupuestaria” del Instituto.
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Ambos artículos reformados señalan que “el cumplimiento de las obligaciones del Issstezac estará sujeto a su capacidad financiera”. Con ello, se deslinda a las instituciones de gobierno de cubrir las pensiones de sus trabajadores en caso de la quiebra o desaparición del Issstezac.
Guillermo Rivera advirtió que “esta lucha no se acaba” y convocó a los afectados a organizarse, “para estar el lunes listos antes de la votación en la SCJN para defender a los futuros pensionados de Zacatecas y por el posible impacto a los pensionados de otras partes del país”.
Pidió que los ministros de la Suprema Corte sepan que hay oposición a ese criterio y solicitó mayor sensibilidad: “Esa nueva visión de una Corte social, humana y cercana a los pensionados, es lo que el día de hoy deberíamos exigir”.
