PT impulsa nueva reforma para feminicidio en México

Geovanna Bañuelos propone ampliar circunstancias del delito para mejorar protocolos y justicia en casos de violencia contra mujeres.

Cadáver de una mujer cubierto por una lona azul — La iniciativa plantea establecer responsabilidades para servidores públicos que retrasen u obstaculicen las investigaciones bajo el protocolo de feminicidio. / Foto: Rogelio Morales Ponce / Cuartoscuro.com

Raúl García

La senadora del Partido de Trabajo (PT) Geovanna Bañuelos anunció una iniciativa para ampliar las circunstancias que configuran el delito de feminicidio en México, con el objetivo de evitar que muertes violentas sean reclasificadas de manera indebida.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, propondrá reformar y adicionar fracciones al artículo 325 del Código Penal Federal, con lo que se reducen los márgenes de discrecionalidad en las investigaciones, homologar criterios y brindar mayor certeza jurídica en la aplicación del tipo penal.

La vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PT plantea que toda muerte violenta de una mujer sea investigada inicialmente bajo el protocolo de feminicidio, lo que no impediría que posteriormente la autoridad pueda reclasificar el delito si las investigaciones así lo determinan.

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El documento, que será inscrito en la Gaceta Parlamentaria el próximo martes, también plantea una presunción de razones de género cuando la muerte ocurra en contextos de violencia, subordinación, discriminación o vulnerabilidad estructural.

Señaló que actualmente muchos casos ocurren en contextos como relaciones breves o no formalizadas, intentos de control sin convivencia, violencia digital, hostigamiento reiterado, difusión de contenido íntimo sin consentimiento, vigilancia tecnológica o persecución sistemática.

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La iniciativa también propone considerar cuando la víctima haya sido reportada como desaparecida, así como aquellos en los que existan testimonios que acrediten antecedentes de violencia, aun sin denuncia previa.

Otro de los puntos plantea establecer responsabilidades para servidores públicos que retrasen u obstaculicen las investigaciones bajo el protocolo de feminicidio.

La impunidad no solo proviene de la conducta del agresor, sino también de omisiones o negligencias estatales que debilitan el acceso a la justicia.Geovanna Bañuelos, senadora de Zacatecas por el Partido del Trabajo