Rubén Ibarra, exrector de la UAZ, promueve juicio laboral

Rubén Ibarra Reyes, destituido de la Universidad Autónoma de Zacatecas por un proceso legal, promueve juicio laboral de reinstalación; la Universidad aún desconoce notificación formal.

Rubén Ibarra Reyes, exrector de la Universidad Autónoma de Zacatecas — Rubén Ibarra Reyes, exrector de la UAZ, presenta juicio laboral en Zacatecas; universidad desconoce notificación formal. / Foto: Ricardo Reyes / El Sol de Zacatecas

Raúl García

El exrector de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Rubén Ibarra Reyes, destituido tras una sentencia por abuso sexual agravado, inició un juicio laboral de reinstalación identificado con el expediente P-0045/2026. La UAZ aún desconoce si ha sido notificada formalmente sobre este proceso.

En el portal del Poder Judicial del Estado de Zacatecas aparece el juicio laboral de reinstalación promovido por el exrector de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Rubén Ibarra Reyes, quien fue destituido del cargo y dado de baja tras ser sentenciado por abuso sexual agravado.

En la lista de acuerdos del juzgado laboral de Zacatecas, el caso está identificado con el expediente P-0045/2026.

El acuerdo publicado el 27 de febrero refiere un apercibimiento dirigido al promovente del juicio, aunque no se detallan los motivos del requerimiento.

Este medio cuestionó al rector de la UAZ, Ángel Román Gutiérrez, sobe si la institución ya fue notificada formalmente del proceso, a lo que dijo desconocer.

El 12 de junio de 2025 autoridades universitarias le notificaron a Rubén Ibarra la terminación de su relación laboral como docente investigador.

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Con esa determinación, la Universidad dio por concluido un proceso que inició luego de que el 9 de mayo fuera sujeto a prisión preventiva y, una semana después, sentenciado por el delito de abuso sexual agravado, aunque posteriormente obtuvo la suspensión de la condena y recuperó su libertad.

Cabe recordar que en noviembre de 2025 el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) canceló su nombramiento como Investigador Nacional Nivel 1 y lo inhabilitó por 20 años para obtener cualquier reconocimiento en esa instancia.

La sanción fue acordada por la Junta de Honor del SNII y avalada por su Consejo General, al determinar que el delito contraviene el artículo 34 de su Reglamento, que obliga a los investigadores a “guardar una conducta apegada a las normas éticas relativas al carácter profesional de su actividad”.