Suspenden orden de aprehensión contra Julio César “N”

El exalcalde puede ser puesto en prisión preventiva debido a la gravedad del delito

Mazo de juez — El 9 de agosto del 2024, el Segundo Tribunal Colegiado del circuito en Zacatecas, concedió un primer amparo / Imagen ilustrativa / Grok

Raúl García

El Poder Judicial de la Federación concedió a Julio César “N” la suspensión definitiva de la orden de aprehensión que se emitió en su contra, por el asesinato del abogado y músico Raúl Calderón.

La resolución, dictada por María Citlallic Vizcaya Zamudio, jueza Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, corresponde al juicio de amparo 1038/2025, promovido por el expresidente municipal de Guadalupe.

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Previamente, el 31 de marzo de 2025, la misma jueza había concedido la suspensión provisional por los actos que reclama Julio César “N” en contra del Juez de Control del Distrito Judicial de Zacatecas y en contra del fiscal general de Justicia del Estado de Zacatecas, entre otras autoridades del mismo organismo.

Respecto al estatus del exalcalde, la juzgadora ordena que “se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan y este no sea privado de su libertad”.

Sin embargo, líneas después, la misma resolución aclara que si se le busca por un delito considerado como grave, el quejoso puede ser aprehendido para quedar a disposición del juzgado federal que emitió la suspensión.

Cabe recordar que el 9 de agosto del 2024, el Segundo Tribunal Colegiado del circuito en Zacatecas, concedió un primer amparo en contra de la orden de aprehensión por haber sido emitida cuando el imputado aún tenía fuero y no había sido separado del cargo.

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Recientemente el titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado, Cristian Paul Camacho aclaró que a Julio César “N” y a su esposa María “N” se les debe aplicar prisión preventiva, ya que se les busca por un delito grave, que es el de homicidio calificado.

Fue desde el 17 de abril del 2023, cuando fue librada la primera orden de aprehensión en contra del entonces edil y de su esposa.

En esa misma fecha, el entonces fiscal general, Francisco Murillo Ruiseco, solicitó al Poder Legislativo la remoción de fuero constitucional y separación del cargo del imputado, lo cual fue concedido cuatro días después.