El primer informe de Claudia Sheinbaum no fue un trámite burocrático ni un desfile de cifras. Fue un mensaje político con carga histórica: México entró en una nueva etapa donde el pueblo marca la ruta y el gobierno asume el reto de sostenerla.
Los datos están ahí: récord de inversión extranjera con proyectos como CloudHQ, que inyecta 4.8 mil millones de dólares en la economía digital; programas sociales convertidos en derechos constitucionales —pensiones, becas y el Sistema Nacional de Cuidados con un presupuesto histórico de 466 mil millones de pesos—; y un rumbo internacional firme, con México alzando la voz por Palestina y contra las injusticias en América Latina.
El contraste es evidente. Mientras la presidenta gobierna con legitimidad, la oposición juega a reciclar caricaturas: Ricardo Anaya reaparece como “canallín” de cartón, Claudio X. González dispara balas de salva contra la reforma judicial y Salinas Pliego paga 25 millones de dólares en fianza para esquivar la cárcel en Estados Unidos, intentando amedrentar a la mandataria… pero terminó exhibido.
El segundo año no se inaugura con promesas fáciles, sino con una tarea monumental: hacer valer la reforma judicial aprobada en 2024. No basta con que el pueblo haya decidido elegir jueces y magistrados; ahora se trata de implementar esa voluntad en un país donde los viejos privilegios se atrincheran en cada tribunal. La disputa no es administrativa: es histórica.
En Baja California Sur, el eco de este nuevo ciclo es concreto. Llegan plazas para el magisterio, proyectos de energía limpia y, sobre todo, la urgencia de construir justicia hídrica frente al saqueo de consorcios inmobiliarios que han tratado al agua como negocio privado. Aquí, donde el acceso a servicios básicos define la dignidad de la vida, la transformación significa que el Estado responde al pueblo, no a los intereses de unos cuantos.
La oposición está desgastada, pero peligrosa. No tiene proyecto, pero sí dinero y medios para imponer su narrativa… y hasta intenta colarse en donde no tiene raíces. El reto de este segundo año es no confiarse: avanzar en la justicia, blindar la soberanía y mantener vivo el vínculo con la gente.
El horizonte es claro: no se trata de declarar victorias absolutas, sino de sostener una lucha larga. El pueblo manda, sí, pero la tarea apenas comienza. Lo que está en juego no es menor: un país justo, soberano y digno frente a quienes, desde dentro y desde fuera, quisieran que todo siguiera igual.
