Cambio climático y presión inmobiliaria amenazan dunas de Baja California Sur

Alan Flores

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En una rueda de prensa frente a las oficinas de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la académica Antonina Ivanova, del Colectivo La Duna colocó a las dunas costeras como pieza clave para la seguridad ambiental y social del estado.

“Las dunas son la primera línea de defensa contra huracanes y tormentas y las principales regeneradoras de las playas arenosas; contribuyen a la recarga de los acuíferos, amortiguan la intrusión salina y son hábitat para especies”, dijo Ivanova.

Además, subrayó que su aprovechamiento turístico solo debe darse “con un enfoque de turismo sustentable”.

BCS concentra la mayor franja de dunas del país

La Comunidad de Aprendizaje y Acción en Planeación Territorial, que agrupa a diversas asociaciones y especialistas, informó que Baja California Sur es la entidad con mayor extensión de dunas costeras de México, con 27.4% del total nacional.

Además de su función como escudo natural, explicaron que estos sistemas “actúan como filtros de agua de lluvia, permitiendo la recarga de los mantos freáticos regulan la intrusión salina y retienen humedad en el suelo”, lo que reduce la salinización por evaporación y favorece la estabilidad del terreno.

John Moreno, abogado ambiental y activista, expuso que el 80% de la duna de Cerritos-Pescadero se encuentra impactada, mucho más que el Pueblo Mágico de Todos Santos, que tiene el 8% afectado.

Cambio climático: más mar, más viento, más riesgo. Antonina Ivanova expuso que el calentamiento global agrava la vulnerabilidad del litoral sudcaliforniano.

“La temperatura se ha elevado 1.1 grados centígrados desde los niveles preindustriales y los huracanes permanecen más tiempo cerca de las costas, con vientos más fuertes y lluvias más intensas en plazos cortos”.

Ese contexto erosiona las dunas, debilita su vegetación y “reduce su efectividad como barrera”. Por la condición geográfica del estado “prácticamente isleño (sic)”, proteger todas las zonas costeras, incluidas las dunas y los manglares, es “prioritario”.

Amenazas inmediatas: obras sobre dunas y vehículos 4x4

El Colectivo La Duna y la red de comunidades asistentes señalaron dos presiones críticas: permisos de construcción que habilitan proyectos inmobiliarios sobre dunas, y la circulación de vehículos motorizados en playas y cordones dunares.

“Ambas acciones solo requieren de voluntad política” para frenarse, apuntaron, pues ya existen leyes aplicables.

Las y los convocantes ubicaron el origen del problema en un “modelo de turismo extractivo bajo una lógica meramente especulativa”, que desplaza el bien común y deteriora el paisaje costero.

Recordaron el artículo 170 de esa ley, que faculta “imponer de manera inmediata las medidas de seguridad necesarias para evitar una mayor afectación”, por lo que exigieron detener obras de forma preventiva en cuanto se presenten denuncias, para evitar daños irreversibles mientras se emite el dictamen.

Planificación: hacer visibles las dunas en los instrumentos

Hicieron énfasis en el cordón que va de Punta Cajete a El Mogote en la Bahía de La Paz, de modo que queden protegidas en mapas y normas, y no sean “invisibles” ante la autoridad urbanística.

Esta comisión está encabezada la Dirección General de Cambio Climático de la Secretaría de Planeación Urbana e Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales (Sepuimm).

Planteó una agenda de acción conjunta entre gobierno, academia, sociedad civil y empresas con inversión sostenible y responsable, que integren los criterios ambientales, sociales y de buen gobierno (ESG, por sus siglas en inglés) en el proceso de inversión.

“Promover la restauración de las dunas, el control de la erosión y la gestión sostenible de las zonas costeras”, y “minimizar el impacto de las actividades humanas”, desde obras en sitios indebidos hasta el tránsito de todoterreno.

También advirtió sobre un efecto de arrastre regional detectado en un proyecto realizado con la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) y el Colectivo La Duna.

Encontraron que la prohibición de 4x4 en zonas de Estados Unidos “aumenta su afluencia aquí en Baja California Sur”, lo que demanda regulación efectiva.

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En la aplicación de la ley pidieron ir más allá de las multas consideradas bajas e ineficaces y, cuando corresponda, avanzar a clausuras definitivas, denuncias penales por violar sellos, demoliciones y reparación del daño, a cargo de quienes infringen.

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