Con el fin de evitar laudos millonarios y restringir indemnizaciones a quienes acceden al poder por voto ciudadano
Alan Flores
La Paz, Baja California Sur. — Buscan frenar los pagos millonarios por laudos laborales y homologar la legislación local con la Ley Federal del Trabajo, con una reforma propuesta a la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios.
El diputado local Venustiano Pérez Sánchez (Morena), autor de la iniciativa, explicó que esta reforma plantea un límite de 12 meses para el pago de salarios caídos a trabajadores de confianza en caso de despido injustificado.
“Esta iniciativa tiene un porqué. En la iniciativa privada ya está homologado desde 2012. Se hizo para evitar componendas y litigios prolongados que afectaban tanto a las empresas como a los trabajadores. Ahora buscamos lo mismo en la ley burocrática”, expresó el legislador.
Plazo máximo de 12 meses para que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje resuelva juicios laborales.
Multas de hasta mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), unos 113 mil 140 pesos (con el valor actual) a quienes dilaten intencionalmente los procesos: abogados, representantes o servidores públicos. Estos últimos podrán ser suspendidos hasta por 90 días sin sueldo o destituidos en caso de reincidencia.
Fin a indemnizaciones para personas electas por voto popular: gobernador, diputadas y diputados, alcaldesas, alcaldes, regidoras, regidores, síndicas y síndicos.
Los nombramientos de titulares de secretarías, direcciones, contralorías y otras posiciones de mando serán temporales y podrán ser revocados libremente.
No tendrán derecho a estabilidad ni a indemnización al concluir su encargo.
No afecta trabajadores sindicalizados.
El diputado Pérez Sánchez puntualizó que la reforma no afecta a las personas trabajadoras de base, quienes seguirán teniendo derecho al pago completo de salarios caídos si ganan un juicio laboral.
“Al trabajador le conviene que su juicio se resuelva en un año y que se le pague lo justo. A quien le conviene alargar los juicios es a quien busca negociar laudos millonarios cada cambio de administración”, declaró el legislador.
Según cifras proporcionadas en la exposición de motivos, el gobierno de Baja California Sur ha pagado más de 157 millones de pesos entre 2018 y 2024 por concepto de laudos, sentencias y resoluciones laborales. El Congreso local y los ayuntamientos también han enfrentado pagos millonarios.
“Estas demandas tienen al borde del colapso a varias instituciones, sobre todo a los ayuntamientos. Son recursos que servirían para brindar mejores servicios públicos”, enfatizó el diputado.
La iniciativa fue firmada por las y los legisladores de Morena y turnada a comisiones para su análisis. Se prevé que el debate incluya consultas a instituciones y sindicatos.
