33 permanecen separados de la convivencia escolar bajo investigación
Raúl Rodriguez De León
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Asimismo, informó que actualmente existen decenas de casos de personal separado de la convivencia en las aulas mientras se resuelven las investigaciones correspondientes.
La Paz, Baja California Sur.- La Secretaría de Educación Pública de Baja California Sur confirmó que, durante la actual administración estatal, 10 trabajadores del sector educativo fueron dados de baja definitiva tras ser vinculados a procesos penales por presuntos delitos cometidos contra menores de edad en planteles escolares.
Sobre el tema, Alicia Meza Osuna, secretaria de Educación Pública en Baja California Sur, explicó que la dependencia mantiene protocolos internos para retirar de inmediato a los trabajadores señalados.
“Cuando un niño o una niña denuncia maltrato infantil, abuso u hostigamiento, nosotros quitamos al trabajador que comete el delito, lo retiramos de la convivencia escolar, se le pide a la familia que haga la denuncia. Si se comprueba que efectivamente cometió el delito, nosotros lo damos de baja”, declaró.
La funcionaria agregó que mientras el procedimiento legal se desahoga, el personal señalado es reubicado en áreas administrativas y se mantiene a la espera de los dictámenes que emiten las autoridades judiciales competentes.
Meza Osuna precisó que, durante su administración, la SEP ha procedido con la baja definitiva de al menos 10 trabajadores que enfrentaron sentencias condenatorias.
“Ya llevamos varios. Hemos dado de baja aproximadamente unos 10. Y tenemos 30 y tantos comisionados en diferentes áreas porque fueron acusados por algún niño o alguna niña y los retiramos de la convivencia escolar. Tenemos 33 en esa situación”, señaló.
La secretaria enfatizó que los casos en proceso dependen de la información emitida por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), que notifica a la dependencia sobre las resoluciones judiciales para dar continuidad a la separación de plazas.
La titular de la SEP en la entidad reconoció que se han presentado casos en los que trabajadores intentan recuperar sus plazas tras cumplir una sentencia, aunque aclaró que se han implementado medidas para evitarlo.
Mencionó que uno de los antecedentes fue el de un trabajador que cumplió siete años de prisión por delitos sexuales y que, al concluir su condena, trató de reincorporarse al servicio.
Sin embargo, al contar con el seguimiento puntual del caso, se procedió a la baja definitiva y no pudo regresar al sistema educativo. Con ello, la autoridad educativa reiteró que mantiene coordinación con las instancias de procuración de justicia para garantizar la aplicación de los procesos legales y administrativos correspondientes en cada caso.
