Admite SCJN primera acción de inconstitucionalidad promovida por la CEDHBCS
El tema tiene que ver con los exagerados requisitos académicos, que a juicio de la CEDHBCS, se piden para ser titular de la Dirección Estatal de Asuntos Indígenas y Afromexicanos
“Es una excelente razón para seguir avanzando y construyendo sociedades que sean menos discriminatorias, menos injustas con personas que lamentablemente se encuentran desplazadas de sus comunidades originales”.
“Y no necesariamente es un problema del estado, a veces es una situación económica en donde la familia dice, pues no nos alcanza para comer y necesitamos todos trabajar y entonces no te puedes ir a la escuela porque necesitas irte a trabajar”.
Derivado de denuncias ciudadanas, un operativo interinstitucional acudió a una comunidad rural donde se encontró desechos provenientes de empresas y tala es flora protegida
La presidenta municipal sostiene que se supervisa que los comerciantes en Loreto cumplan con la veda, insistiendo en que el producto ahora lo adquieren en San Carlos
El aumento en el precio del jitomate y tomate verde presiona a negocios de comida, mientras el kilo oscila entre 35 y 70 pesos según el punto de venta en la ciudad
El Cuerpo de Bomberos y Rescatistas de Cabo San Lucas enfrenta una crisis financiera derivada del aumento en la atención de emergencias, con más de 430 servicios mensuales y altos costos operativos que rebasan los 8 mil pesos
Asentamientos indígenas en BCS son derivado de la migración interna. Vienen con sus costumbres y tradiciones / Foto: Cortesía/Ayuntamiento de Los Cabos
La Paz, Baja California Sur.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió una acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur (CEDHBCS) en contra de las fracciones 1 y 2 del artículo 99 de la Ley para losPueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas de esta entidad federativa.
Charlene Ramos Hernández, presidenta de la CEDHBCS ,explicó que estas fracciones se refieren a algunos de los requisitos para ocupar la titularidad de la Dirección Estatal de Asuntos Indígenas y Afromexicanos como acreditar “un modo honesto de vivir” y tener una licenciatura con grado académico de cinco años.
La ombudsperson recordó que esta ley fue vetada por la SCJN porque no cumplió con un adecuado proceso de consulta entre las comunidades indígenas y afromexicanas de Baja California Sur, por lo que el Congreso local procedió a reponer el procedimiento, periodo durante el cual se pidieron los cambios en el tema de los requisitos, pero el poder legislativo no hizo ninguna modificación al respeto.
El caso fue hecho del conocimiento de la CEDHBCS que al revisar el tema justificó la postura de las comunidades inconformes porque al revisar los datos del Instituto de Estadística y Geografía (INEGI) se detectó que solo el 5% de los indígenas y afromexicanos cuentan con el nivel de licenciatura y el porcentaje se desploma todavía más cuando se exige la antigüedad de cinco años.
Comunidades indígena y afromexicana en BCS rechazan requisitos exagerados para poder asumir la Dirección Estatal de sus asuntos / Foto: Cortesía / Ayuntamiento de Los Cabos
Además, dijo, la fracción 1 de la citada ley pide a la persona aspirante al cargo que tenga “un modo honesto de vivir”, lo cual no es respetuoso de los derechos humanos porque abre la puerta a un ejercicio arbitrario de la persona que pueda decidir qué es y qué no “un modo honesto de vivir”.
“Imaginemos a lo mejor que alguna persona pueda pensar que vender artesanías no es un modo honesto de vivir y eso es un tema cultural para las comunidades indígenas y afromexicanas, entonces en este texto en particular ya hay criterios de la Corte, indicando que no es respetuoso y por eso también lo incluimos en la acción de inconstitucionalidad”.
Aclaró que “no estamos impugnando toda la ley, solamente la fracción 1 y 2 del artículo 99 que contiene estos dos requisitos. Que los revise porque consideramos que no son proporcionales y que de mantenerse implican una estructura que puede discriminar a las personas indígenas para acceder a estos cargos públicos recién creados”.
Hay avances en la atención de las comunidades indígena y afromexicana en BCS, pero persiste la discriminación / Foto: Cortesía / Ayuntamiento de Los Cabos
Mencionó que la acción de inconstitucionalidad se presentó en diciembre pasado y fue admitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la turnó a la ministra Yazmín Esquivel, quien hará la revisión y presentará el proyecto para su discusión y análisis ante el pleno de la Corte.
Destacó que es la primera vez en 33 años de vida de la CEDHBCS que se presenta un recurso de protección y defensa de derechos humanos y con esto se está elevando a Baja California Sur en este tipo de ejercicios que tiene el enfoque especializado para la protección de grupos prioritarios en el estado.
La presidenta de la CEDHBCS comentó que hay avances en su atención en México y Baja California Sur y prueba de ello es la ley aprobada por el Congreso local, la cual contempla políticas estatales enfocadas en mejorar las condiciones de las personas indígenas y afromexicanas en esta entidad.
Mencionó que en Baja California Sur los pueblos originales desaparecieron, por lo que hoy los asentamientos son derivado de la migración interna, de personas indígenas de otros estados del país que buscan mejores oportunidades de vida en este estado del noroeste mexicano.
Expuso que estos pueblos en su tierra cuentan con costumbres, tradiciones, familias y redes de apoyo que pierden cuando se mudan a otros lugares, lo que abona a la discriminación de que son objeto. Dijo que las mujeres indígenas migrantes enfrentan el mismo grado de discriminación, sexismo y violencia de género en México que en Estados Unidos.
En ese sentido, dijo, “cuando entendemos este fenómeno que es tan complejo, por supuesto que lo que toca hacer es seguir trabajando y luchando para generar mayores condiciones y posibilidades que permitan a las personas reconocerse en esas vulnerabilidades y pedir ayuda”.
Mencionó que eso es importante porque se sabe que las personas indígenas y afromexicanas a veces no quieren reconocerse en esos orígenes por temor a ser discriminados, por lo que los censos que hay en el estado sobre el tamaño de estas poblaciones suele ser inexacto.
“Lamentablemente el tema de la discriminación nos impide disfrutar de manera correcta de los saberes ancestrales que debiéramos anhelar, respetar y por supuesto proteger de manera generalizada y no solamente como una obligación del estado, sino como un valor importante de nuestras comunidades, sociedades, educación, cultura, en todos los aspectos”.
Mencionó que el hecho de que solo el 5% de las personas de las comunidades indígenas y afromexicanas tengan el nivel de licenciatura en Baja California Sur demuestra que aunque la educación básica y media superior es obligatoria y hay oportunidades de estudiar la universidad para todos, la realidad es que estos segmentos de la población en México tienen contextos que les dificultan el acceso a este derecho.
La ombudsperson dijo que por eso es importante esta acción de inconstitucionalidad, porque es reconocer la realidad de estas comunidades, de dar la oportunidad a todas las personas de estas poblaciones que hayan destacado en la defensa de los derechos humanos, de poder asumir la Dirección Estatal de Asuntos Indígenas y Afromexicanos.
