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Localviernes, 30 de enero de 2026

Baja California Sur registró tres mil 18 denuncias por violencia familiar en 2025

El estado se ubica en el quinto lugar nacional en tasa de violencia familiar según datos del SESNSP; programa Párale a la Violencia no ha logrado la efectividad esperada

Raúl Rodriguez De León

Colocándola en el quinto lugar nacional en tasa por cada 100 mil habitantes. La magistrada presidenta del Poder Judicial en Baja California Sur, Claudia Jeanette Cota Peña, abordó las acciones implementadas desde el ámbito judicial.

El juzgado opera las 24 horas del día, los siete días de la semana, atendiendo casos de violencia contra mujeres, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad y comunidad LGBTQ+.

El Poder Judicial también implementa el programa Sedes Moradas, espacios comerciales y comunitarios identificados con una calcomanía morada donde personas en situación de violencia pueden buscar refugio temporal y comunicarse con las autoridades.

La magistrada detalló que cualquier persona en situación de riesgo puede entrar a estos establecimientos descalza, huyendo con niños o sin ellos, con adultos mayores o personas LGBTQ+ que necesiten atención inmediata.

Adicionalmente, el Congreso del Estado ha exhortado la réplica de este modelo de juzgado en todos los partidos judiciales, contemplándose Los Cabos como el segundo municipio en implementarlo, una vez que se cuente con el presupuesto necesario.

Desde la perspectiva judicial, la magistrada Cota Peña subrayó que las órdenes de protección atienden diversos tipos de violencia más allá de la física, incluyendo la psicológica, económica, laboral, política y digital.

La magistrada ejemplificó que si alguien publica contenido que violenta a una persona, la jueza emite una orden para que la policía cibernética trabaje en las publicaciones.

El juzgado cuenta con trabajo social y psicólogas que brindan atención integral a las víctimas, y las medidas pueden incluir desde el resguardo de personas en refugios hasta el embargo de cuentas bancarias en casos de violencia económica.

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Las órdenes de protección son temporales y están diseñadas para el cese inmediato de la violencia, aunque las víctimas mantienen la opción de continuar con una denuncia formal y un procedimiento judicial posterior.

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