Baja California Sur regularizó más de 39 mil “vehículos chocolate” antes de terminar decreto

La Paz, Baja California Sur. – Con el cierre del 2025, también finalizó el programa federal que permitió la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera en México y Baja California Sur.

Con la publicación del decreto correspondiente en el Diario Oficial de la Federación, el Gobierno de México dio por terminado el esquema que durante tres años abrió una vía extraordinaria para legalizar los llamados “autos chocolate”.

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El más reciente decreto de diciembre de 2022 fijó vigencia “del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2025”, por lo que desde el 1 de enero de 2026 ya no es posible iniciar trámites bajo ese esquema extraordinario. La actual presidenta Claudia Sheinbaum Pardo argumentó que la finalidad del programa se cumplió y su seguimiento podía derivar en malas prácticas.

De acuerdo con cifras del Registro Público Vehicular (Repuve), hasta el 25 de noviembre de 2025 se regularizaron dos millones 987 mil 839 unidades en el país, lo que permitió incorporar estos automóviles a los padrones oficiales, identificar a sus propietarios y reducir riesgos asociados al uso de vehículos sin registro.

Con la conclusión del decreto, los automóviles de procedencia extranjera que no completaron su regularización quedan nuevamente sujetos a lo que marca la Ley Aduanera y demás disposiciones vigentes en materia de importación definitiva. Esto implica que su circulación sin acreditar estancia legal puede derivar en sanciones, aseguramientos o la imposibilidad de emplacarlos en las entidades federativas.

El decreto señala que existen alternativas legales para continuar con el ordenamiento del parque vehicular, aunque ya fuera del esquema simplificado que estuvo vigente desde 2022. En la práctica, esto supone que los propietarios deberán recurrir a los procedimientos ordinarios de importación, con costos y requisitos distintos a los que ofrecía el programa de regularización.

La directora general de Ingresos, Claudia Angulo Castro, explicó en su momento que el gobierno estatal aplicó descuentos en emplacamientos para incentivar la regularización, aunque reconoció que el interés ciudadano fue disminuyendo con el paso de los años.

Organismos como la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) señalaron que el programa tuvo efectos adversos en el mercado interno y en la seguridad vial, al incorporar al parque vehicular unidades antiguas, altamente contaminantes y de dudosa procedencia.