Clausuran construcciones ilegales que impiden el libre acceso a playas en La Paz

La administración municipal confirmó que de enero a abril recibió ocho reportes de obstrucciones a playas

que hace el ayuntamiento para liberar las playas — Podrían aplicar sanciones económicas de hasta 200 mil pesos por obstrucción del paso en balnearios. / Foto: Alberto Cota / El Sudcaliforniano

Pablo Diestro

La Paz, Baja California Sur.- De enero a abril de 2025 se registraron ocho reportes ciudadanos que denunciaron cierres o restricciones de acceso a las playas públicas, donde particulares instalaron portones, casetas u otras estructuras que impiden el libre paso.

Jorge Pavel Castro Ríos, contralor municipal, declaró que dichas construcciones fueron identificadas en el sitio debido a los reportes que reciben a través de App La Paz, mismas que fueron clausuradas debido a que no cuentan con los permisos correspondientes, por ello supervisa aproximadamente 127 playas distribuidas en los litorales del golfo de California y el océano Pacífico.

Comentó que el Ayuntamiento continúa con el operativo de supervisión en la playa Cerritos, donde autoridades de seguridad pública, comercio y otras áreas municipales colocaron sellos de clausura en una caseta construida ilegalmente con la aparente intención de restringir el paso.

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“Detectamos esa estructura en la que incluso contemplaban instalar plumas de acceso para el control vehicular, situación que no está permitida en ninguna ley”

por que cierran el paso a las playas — El ayuntamiento de La Paz sigue clausurando construcciones que impiden el acceso a playas. / Foto: Alberto Cota / El Sudcaliforniano

¿Cuál es la nueva estrategia contra accesos restringidos en playas?

Aseguró que a diferencia de las acciones que se implementaron en 2023 para este fin, cuando el Ayuntamiento retiraba directamente los portones que impedían el paso, hoy en día contempla un proceso administrativo diferente y más riguroso.

“Ya no vamos a continuar con la estrategia del 2023, que era directamente ir a quitar el portón y quitarlo. Hoy tenemos que esperar un proceso donde las estructuras permanecerán con sellos mientras se realizan los trámites para ordenar la demolición”.

El funcionario compartió que la nueva metodología se basa en la coordinación entre dependencias, como Gestión Integral de la Ciudad, que verifica si las construcciones cuentan con licencia, mientras el Ayuntamiento da vista a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en casos donde se identifica un posible delito ambiental.

“Estamos dando vista también al Ministerio Público porque impedir el disfrute de las playas está tipificado como delito en el Código Penal de Baja California Sur”.

cuantas playas han sido bloqueadas por particulares en la paz — Trabajarán en nuevos reglamentos para garantizar el libre tránsito en 127 playas del municipio. / Foto: Alberto Cota / El Sudcaliforniano

Respecto a las sanciones económicas, refirió que estas alcanzan los 200 mil pesos, además que se revisa y contempla la cancelación de concesiones otorgadas por la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT).

“La ciudadanía paceña y todo Baja California Sur está agarrando un sentimiento de lucha. Colectivos, periodistas y ambientalistas están denunciando más estos casos, mientras hacemos frente al crecimiento desproporcionado y las viejas prácticas donde los privilegios imperaban”.

Un marco jurídico más robusto

Pavel Castro indicó que el Ayuntamiento trabaja en la creación de herramientas jurídicas para garantizar el libre acceso a las playas de forma permanente que quedará sustentado a través de reglamentos municipales y reformas a las leyes vigentes.

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“Vamos a proponer reglamentos internos de playa y también una propuesta que pueda ir más allá, ya sea al Congreso o donde sea necesario, para articular que sea obligatorio garantizar el acceso”.

Finalmente, el funcionario advirtió que existe un vacío legal en la Ley de Bienes Nacionales, donde se establece que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y los particulares deben definir las vías de acceso, pero sin plazos ni características específicas para su cumplimiento.

Pueden pasar 50 años y nadie los obliga. El único hueco jurídico que ellos tienen es que no impiden el paso si la gente va a pie.Jorge Pavel Castro Ríos