“Pasaron unos dos años más o menos sin que él diera nada y cuando regresó aquí a La Paz, que se interesó en buscar a los niños, igual se hacía que no tiene trabajo, que esto, que aquello y no aportaba nada”, explica López Murillo.
Por su parte la procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes municipal de La Paz, Gabriela Torres Llaven, mencionó que los casos de pensión alimenticia son la principal razón por la cual las mujeres acuden a la institución.
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Madres solteras en La Paz continúan enfrentando retrasos y trámites prolongados para hacer efectiva la pensión alimentaria destinada a sus hijos. / Foto: Alberto Cota / El Sudcaliforniano
Expedientes que se prolongan durante años, cambios de jurisdicción, desaparición de programas de asesoría gratuita y la evasión sistemática de responsabilidades por parte de los demandados configuran un panorama donde el derecho alimentario queda suspendido en trámites que no corresponden con la urgencia de las necesidades básicas de los menores.
Gloria Esmeralda López Murillo conoce cada estación de ese recorrido. Desde 2014 mantiene el expediente 00607/2014 contra Santos Alberto “N”, padre de sus dos hijos, quien según la resolución judicial debe aportar el 30% de su salario quincenal. La sentencia establece que en caso de incumplimiento será acreedor de una multa de 10 unidades de medida y actualización (UMA), equivalente a mil 131.40 pesos.
Sin embargo, entre cambios laborales del demandado, la desaparición de los servicios de abogados gratuitos y los obstáculos administrativos en centros de trabajo, López Murillo ha tenido que asumir el 100% de los gastos de sus hijos durante periodos prolongados.
El proceso comenzó después del huracán Odile en 2014, cuando ella se encontraba en situación delicada de salud y con sus hijos pequeños. Acudió al entonces Instituto Sudcaliforniano de la Mujer donde le asignaron abogados gratuitos, pero la búsqueda del demandado en Baja California retrasó el proceso. Cuando finalmente se logró la sentencia provisional del 35%, los depósitos fueron irregulares hasta que el padre desapareció durante dos años.
La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de La Paz reconoce que los casos de pensión alimenticia son el principal motivo de atención. / Foto: Alberto Cota / El Sudcaliforniano
Al regresar a La Paz y reanudar contacto con los menores, continuó evadiendo su responsabilidad económica bajo el argumento de no tener trabajo estable, aunque posteriormente fue localizado laborando, donde efectivamente le descontaban la pensión hasta que dejó ese empleo.
La situación se complicó cuando en el cambio de gobierno desaparecieron los módulos de abogados gratuitos que operaban donde actualmente está Centro de Justicia Para Las Mujeres en La Paz. López Murillo tuvo que continuar con un abogado de oficio del Centro de Reinserción Social (CERESO), quien logró restablecer los descuentos cuando el demandado reingresó a trabajar.
“Hubo un cambio de gobierno, quitaron los abogados gratuitos y tuvieron que asignarme un abogado de oficio. Ese abogado de oficio fue muy rápido, lo localizamos y le empezaron a descontar de su trabajo. Y todo iba muy bien hasta que dejó de trabajar”, detalló.
La falta de abogados gratuitos y los obstáculos administrativos han impedido la reactivación de los descuentos de pensión alimentaria para los hijos de López Murillo. / Foto: Alberto Cota / El Sudcaliforniano
No obstante, al terminar el periodo del defensor de oficio, ella quedó nuevamente sin representación legal. Cuando el padre volvió a trabajar, intentó presentar la documentación para reactivar los descuentos, pero le informaron que los papeles ya no tenían validez por no contar con fecha actualizada posterior al reingreso laboral del demandado.
En octubre de 2024, con ayuda de un conocido, López Murillo presentó por cuenta propia la documentación para que se reanudaran los descuentos. El juez emitió la resolución correspondiente y el actuario acudió al lugar de trabajo del demandado, pero ahí le indicaron que no podían recibir el documento porque no cuentan con departamento de recursos humanos en esa sucursal.
“Tiene desde el 29 de octubre y a la fecha no se ha metido nada. No he recibido ningún pago. Mi hijo entró a la universidad y yo cubrí el pago completo. La niña va a entrar a la preparatoria. Si él no empieza a aportar, pues obviamente yo tengo que cubrir esos gastos porque los niños no pueden dejar de estudiar, no pueden dejar de vestir, no pueden dejar de comer”, señaló López Murillo.
“El tema de pensiones alimenticias sí es el número uno que tenemos en la procuraduría. Es el motivo por el que acuden más mujeres a este a demandar por la la la falta de pensión alimenticia y en cuanto a los deudores alimentarios, hay un padrón de deudores alimentarios que puede ser consultado en la página del tribunal electrónico, del Poder Judicial, ahí se inscriben a a las personas deudoras alimentarias y desafortunadamente es el primer lugar en trámites que tenemos, o sea que es un problema, una situación grave” indicó Torres Llaven.
Gloria Esmeralda López Murillo mantiene desde 2014 un proceso legal para exigir el cumplimiento de la pensión alimentaria por parte del padre de sus hijos. / Foto: Alberto Cota / El Sudcaliforniano
A nivel municipal, el Instituto Municipal de la Mujer de La Paz ofrece servicios de atención psicológica, trabajo social y asesoría legal básica para mujeres en situación de violencia o vulnerabilidad. Sin embargo López Murillo señaló que en su caso no obtuvo dichos servicios gratuitos.
“Si al gobierno del Estado, al gobierno municipal pusieran otra vez la ayuda de abogados gratuitos porque pues no los hay. Una persona que no tiene el recurso para pagar un abogado es más difícil. No tiene ese conocimiento de términos, no sabes cómo redactar un documento, no sabes los pasos a seguir”, expresó López Murillo.
Incluso una abogada de oficio llegó a sugerirle que desistiera de pelear por el dinero. López Murillo a ese argumento que confunde la capacidad de resilencia de las mujeres con la renuncia a exigir el cumplimiento de derechos fundamentales de los menores.
“La abogada de oficio me llegó a decir: ‘¿Para qué peleas 5 pesos? Mejor empodérate tú y saca a tus hijos adelante, no le rogues nada.’ Pero no, no se trata de que seas tú como mujer empoderada que puedas sacar tus hijos adelante, se trata de pelear por los derechos de tus hijos. Es un derecho que ellos tienen de tener ese recurso y tener una vida mejor”, respondió.
Las dificultades económicas que ha enfrentado incluyen la venta de un departamento que pagaba para poder disponer de su salario completo, y el regreso a la casa de sus padres para que ellos cuidaran a los menores mientras ella trabajaba, evitando así el gasto de una empleada doméstica. La ausencia de certeza jurídica sobre cuándo se reanudarán los descuentos contrasta con la certeza absoluta de las necesidades diarias de los menores.
“Los niños no van a comer cuando el papá decida darles dinero. Y es muy pesado para una mamá soltera sacarlos adelante. Es muy difícil porque uno que no tiene un abogado particular o cómo localizarlo, es un proceso difícil”, dijo López Murillo.
Esta asimetría temporal entre la urgencia de las necesidades y la lentitud de los procesos judiciales perpetúa una situación donde los derechos de niñas, niños y adolescentes quedan supeditados a la capacidad económica y resistencia emocional de las madres para sortear un sistema que, aunque reconoce el derecho alimentario en sus resoluciones, no garantiza mecanismos ágiles para su cumplimiento efectivo.
