En Baja California Sur, las autoridades judiciales y de procuración de justicia no reportan denuncias, investigaciones ni sentencias relacionadas con este delito de carácter federal en el registro histórico de la entidad.
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El genocidio está tipificado en el artículo 149 Bis del Código Penal Federal, con penas de 20 a 40 años de prisión. / Foto: Alberto Cota / El Sudcaliforniano
La ausencia de casos por genocidio en Baja California Sur contrasta con el panorama nacional, donde el delito ha sido objeto de controversia jurídica en casos históricos como el conocido como Los Halcones de 1971, cuando se presentó una denuncia contra funcionarios públicos por los hechos ocurridos el 10 de junio de ese año.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en ese caso que el delito había prescrito, una decisión que generó debate sobre la imprescriptibilidad de este tipo de crímenes. En México, el genocidio está tipificado en el artículo 149 bis del Código Penal Federal, que establece penas de 20 a 40 años de prisión para quien con el propósito de destruir total o parcialmente a grupos nacionales, étnicos, raciales o religiosos perpetre delitos contra la vida de sus miembros o imponga esterilización masiva para impedir la reproducción del grupo.
El delito de genocidio, definido como la intención deliberada de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, es considerado uno de los crímenes más graves contra la humanidad. La Convención sobre el Genocidio de 1948, de la cual México es parte signataria desde 1952, establece no solo la prohibición de este crimen sino también la obligación de los Estados de adoptar medidas para prevenirlo, perseguirlo y sancionarlo. Los grupos protegidos por esta convención son cuatro: nacionales, raciales, étnicos y religiosos, y la acción debe realizarse con el propósito específico de destruir al grupo como tal.
México es parte de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio desde 1952. / Foto: Archivo /El Sudcaliforniano
En Baja California Sur, la Procuraduría General de Justicia del Estado, que durante años estuvo bajo la dirección de Daniel de la Rosa Anaya hasta abril de 2025, concentró sus esfuerzos en la disminución de delitos de alto impacto como homicidios dolosos, secuestros y desapariciones. Durante 2023, la entidad registró 27 homicidios dolosos, la cifra más baja desde 2013, y mantuvo su posición como uno de los estados con menor incidencia de este tipo de delitos a nivel nacional. La estructura del sistema de procuración de justicia en el estado se enfoca principalmente en delitos del fuero común y aquellos de competencia local establecidos en el Código Penal para el Estado de Baja California Sur.
A nivel internacional, la fecha del 9 de diciembre fue elegida porque marca el aniversario de la adopción de la Convención sobre el Genocidio, considerado el primer tratado de derechos humanos aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. El genocidio fue definido por primera vez en 1944 por Raphael Lemkin, un profesor polaco de origen judío que huyó del Holocausto, combinando el término griego genos (raza o pueblo) con el sufijo latino cide (matar). La primera vez que se utilizó en el derecho internacional fue en los juicios de Núremberg tras la Segunda Guerra Mundial.
La fecha del 9 de diciembre fue instaurada por la ONU para dignificar a las víctimas de este crimen y promover su prevención. / Foto: Alberto Cota / El Sudcaliforniano
En México, los casos más conocidos relacionados con intentos de procesar el delito de genocidio involucran eventos históricos de represión estatal. El caso Los Halcones, relacionado con los hechos del 10 de junio de 1971, fue uno de los intentos más significativos de aplicar la legislación sobre genocidio en el país. En junio de 2002, el Comité 68 ProLibertades Democráticas interpuso denuncia ante la Fiscalía Especializada para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado contra funcionarios públicos por presunta responsabilidad en la comisión del delito de genocidio. El caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en 2005 determinó que el delito había prescrito, una resolución que generó controversia sobre la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos en México.
Otro caso relevante fue el de Ricardo Miguel Cavallo, conocido como el caso Cavallo, cuando en el año 2000 el Juzgado Central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional de Madrid solicitó a México la detención preventiva de este individuo con fines de extradición por responsabilidad en delitos de genocidio, tortura y terrorismo cometidos en Argentina. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió favorablemente la extradición de Cavallo a España, una decisión que fue valorada por la doctrina jurídica mexicana como una reafirmación del principio de jurisdicción universal y del reconocimiento de la jerarquía de los tratados internacionales sobre las leyes nacionales.
En Baja California Sur, aunque no existen registros de casos por genocidio, la entidad ha trabajado en fortalecer sus instituciones de procuración de justicia y en mantener bajos índices de violencia en comparación con otras entidades del país. Durante el periodo de 2017 a 2025, bajo la gestión del entonces procurador Daniel de la Rosa Anaya, se registró una disminución significativa en delitos de alto impacto, pasando de 788 homicidios dolosos en 2017 a 27 en 2023. El Tribunal Superior de Justicia del Estado y la Procuraduría General de Justicia mantienen un sistema de registro de delitos que se concentra principalmente en ilícitos del fuero común como homicidios, robos, violencia familiar y desapariciones.
En Baja California Sur no existen denuncias, investigaciones ni sentencias registradas por el delito de genocidio. / Foto: Alberto Cota / El Sudcaliforniano
En el contexto de Baja California Sur, la ausencia de casos registrados por genocidio se inscribe en un panorama general de baja incidencia de delitos graves en comparación con otras entidades del país. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la entidad ha mantenido en años recientes su posición entre los estados con menores índices de homicidios dolosos y otros delitos de alto impacto. Esta situación contrasta con el panorama de violencia que enfrentan otras regiones de México, donde la presencia del crimen organizado y los conflictos territoriales han generado niveles de violencia contra la población civil.
