La iniciativa busca frenar la gentrificación y garantizar el derecho a la vivienda digna. Se turnó a la Comisión Permanente de Desarrollo Urbano, Infraestructura y Obra Pública.
Alan Flores
La Paz, Baja California Sur. — La diputada local Alondra Torres García (PT) presentó una iniciativa para crear la Ley para la Regulación del Arrendamiento Habitacional y Protección del Derecho a la Vivienda del Estado de Baja California Sur, que asegura busca establecer límites a los incrementos de renta y crear un Registro Estatal de Contratos de Arrendamiento Habitacional (RECAH).
La petista tomó la tribuna para señalar que, de ser aprobada, la nueva normatividad dará certeza jurídica tanto a arrendadores como a arrendatarios y se propone frenar los procesos de gentrificación que afectan a comunidades locales.
La legisladora advierte que Baja California Sur ocupa el primer lugar nacional en costos de alquiler, con rentas promedio de 26 mil 715 pesos mensuales, según un estudio citado de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).
“El incremento sostenido de las rentas habitacionales derivado del auge turístico y la proliferación de plataformas de alojamiento temporal ha provocado procesos de gentrificación que desplazan a las familias sudcalifornianas de sus lugares de origen”, sostiene Torres García.
De acuerdo con la iniciativa, los precios de renta oscilan entre 10 mil y 15 mil pesos en zonas periféricas, mientras que en colonias exclusivas de La Paz y Los Cabos superan los 100 mil pesos mensuales, con casos de rentas fijadas en dólares que alcanzan hasta 10 mil dólares estadounidenses mensuales.
El proyecto legislativo toma como referencia la reforma al Código Civil y la Ley de Vivienda de la Ciudad de México, publicada en agosto de 2024, que estableció que los incrementos de renta no podrán exceder el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).
Torres propuso replicar ese modelo adaptándolo a la realidad sudcaliforniana. “La finalidad es regular los arrendamientos habitacionales para evitar incrementos excesivos que limiten el derecho a la vivienda digna y establecer un límite claro bajo un estándar de dimensión social”, señala.
La iniciativa contempla que el aumento anual de las rentas no podrá ser mayor al porcentaje de variación del INPC correspondiente al año anterior. Por ejemplo, de acuerdo a información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la inflación anual en la primera quincena de octubre de 2025 se ubicaba en 3.63%, por lo que cualquier aumento debería sujetarse a este índice.
El cálculo y divulgación del INPC es tanto quincenal como mensual. Se publica los días 10 y 25 de cada mes en el Diario Oficial de la Federación, o el día hábil anterior, en caso de que estas fechas sean sábado, domingo o día festivo. El día previo se publica en el sitio web del Inegi.
La ley también establece que todos los contratos de arrendamiento deberán registrarse en el RECAH dentro de los 30 días naturales posteriores a su firma, y los vigentes al momento de la entrada en vigor de la ley tendrán 90 días para hacerlo.
En caso de incumplimiento, el arrendador podrá ser sancionado con multas de hasta 500 Unidades de Medida y Actualización (UMAS) o bien 56 mil 570 pesos, además de la nulidad del incremento aplicado o suspensión temporal para celebrar contratos.
Torres García explicó que la iniciativa no genera impacto presupuestal directo, ya que el RECAH podrá operar con la estructura existente del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, utilizando recursos ordinarios.
La reforma prevé que la Secretaría de Finanzas y Administración coordine la supervisión y aplicación de la ley junto con los municipios y elabore un informe anual sobre el comportamiento del mercado de arrendamiento.
La propuesta fue recibida por la Mesa Directiva del Congreso local y turnada para su análisis legislativo a la Comisión Permanente de Desarrollo Urbano, Infraestructura y Obra Pública, con el objetivo de regular una de las problemáticas sociales y económicas de la entidad: el encarecimiento del acceso a la vivienda.
