Señalamientos sobre corrupción y operación del decreto
“Toda esta cadena estaba basada en el pago a funcionarios para poder hacer los trámites y en el cobro de piso por parte de los grupos criminales”, señaló el dirigente del sector automotriz.
Impacto económico en el mercado automotriz
“Esta saturación del mercado disminuyó la capacidad de absorción de vehículos formales y afectó directamente la dinámica de compraventa en las distribuidoras”, añadió.
Alternativas legales para la importación de vehículos
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La circulación cotidiana de automóviles en calles de La Paz refleja el impacto del programa de regularización en el padrón vehicular del estado. / Foto: Alberto Cota / El Sudcaliforniano
La Paz, Baja California Sur.– Desde la perspectiva del sector automotriz formal, la conclusión del decreto federal que permitió la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera representa un cambio relevante. Guillermo Rosales Zárate, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), señaló que la derogación del esquema fue una decisión favorable, al considerar que el programa generó efectos adversos en la economía y en el mercado de vehículos.
“Nosotros reconocemos que fue una medida favorable tomada por la presidenta Claudia Sheinbaum, al derogar el decreto que permitió la regularización del contrabando automotriz”, expresó Rosales Zárate. Recordó que el esquema fue emitido originalmente en enero de 2022 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y permitió la regularización de casi tres millones de vehículos introducidos al país de manera ilegal.
El representante de la AMDA afirmó que el decreto operó bajo condiciones que lesionaron la economía nacional y favorecieron una cadena de corrupción, particularmente entre funcionarios locales encargados de los módulos del Registro Público Vehicular (Repuve) bajo convenio con el Gobierno federal. Añadió que estos efectos se extendieron al fortalecimiento de grupos del crimen organizado que controlaron distintas etapas del proceso, desde la introducción ilegal de los vehículos, su reparación, traslado a puntos de venta y comercialización final.
Rosales Zárate sostuvo que, en el caso de los funcionarios, alrededor del 95 por ciento de los vehículos regularizados no cumplieron con las propias reglas del decreto, entre ellas las limitantes relacionadas con el tipo de unidad. Señaló que una gran parte de los automóviles contaban con título de propiedad con declaratoria de pérdida total en Estados Unidos, condición que impedía su regularización, y aun así fueron incorporados al padrón. Asimismo, indicó que otra de las restricciones era que solo podían regularizarse vehículos que ya se encontraran en México antes del 15 de octubre de 2021, lo cual, dijo, no se respetó durante la vigencia del programa.
El parque vehicular en La Paz se incrementó con la regularización de unidades usadas de origen extranjero entre 2022 y 2025. / Foto: Alberto Cota / El Sudcaliforniano
En el ámbito económico, el presidente ejecutivo de la AMDA explicó que la regularización masiva de unidades provocó una saturación de la oferta de vehículos usados, lo que derivó en una disminución de precios en el mercado formal de entre 20 y 30 por ciento. Esta situación afectó tanto a distribuidores como a propietarios de vehículos usados legales, quienes tuvieron que vender por debajo de su valor, reduciendo su capacidad para adquirir unidades de modelo más reciente y afectando de manera indirecta la venta de vehículos nuevos.
El dirigente del sector detalló que cerca del 50 por ciento de los vehículos regularizados se concentraron en Chihuahua, Tamaulipas y Baja California, entidades donde la venta de vehículos nuevos mostró un desempeño negativo durante la vigencia del decreto, en comparación con el resto del país.
En ese contexto, Rosales Zárate subrayó que, para entidades como Baja California Sur, quienes requieran adquirir un vehículo usado proveniente de Estados Unidos pueden hacerlo a través del decreto que regula la importación definitiva de vehículos usados, mediante el sistema aduanero mexicano. Este mecanismo contempla el pago de un arancel del uno por ciento para vehículos con placas de frontera y del 10 por ciento para aquellos que circularán en el resto del territorio nacional, además de la acreditación de que las unidades no cuentan con declaratoria de pérdida total, no están implicadas en hechos delictivos ni tienen reporte de robo.
Con el inicio de 2026 quedó sin vigencia el programa federal que permitió la regularización de los llamados “autos chocolate”, tras concluir el plazo establecido en el último decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación. La medida dejó de operar a partir del 1 de enero, al considerar el Gobierno de México que la finalidad del esquema ya se había cumplido y que su seguimiento podía derivar en malas prácticas.
De acuerdo con cifras del Registro Público Vehicular, hasta el 25 de noviembre de 2025 se regularizaron en el país dos millones 987 mil 839 unidades, las cuales fueron incorporadas a los padrones oficiales, con identificación de propietarios y placas vigentes.
Vehículos particulares circulan por vialidades de La Paz, donde durante tres años estuvo vigente el programa federal de regularización de autos de procedencia extranjera. / Foto: Alberto Cota / El Sudcaliforniano
En Baja California Sur, la Secretaría de Finanzas y Administración estatal reportó que hasta el 12 de diciembre de 2025 se regularizaron 39 mil 65 vehículos de procedencia extranjera. De ese total, 25 mil 279 correspondieron a 2022, siete mil 938 a 2023, cuatro mil 819 a 2024 y mil 32 a 2025, lo que refleja una caída sostenida en la demanda del trámite conforme avanzó la vigencia del decreto.
Con la conclusión del decreto de regularización, el sector automotriz y las autoridades federales entran en una nueva etapa en la que la adquisición e importación de vehículos usados deberá realizarse exclusivamente a través de los mecanismos legales vigentes, mientras se prevé un ajuste gradual en el mercado automotor conforme se reordena la oferta y la demanda bajo esquemas formales.
