El congreso local dio primera lectura al dictamen que propone crear un nuevo capítulo en el Código Penal estatal para sancionar los delitos contra el desarrollo urbano.
El festival conecta espacios, artistas y comunidades en La Paz, San José del Cabo y Todos Santos, consolidándose como un circuito cultural en crecimiento
El instituto político aseguró que toda la población tendrá la posibilidad de participar en este proceso de registro para definir las candidaturas rumbo a las elecciones de 2027
En la reciente Mesa de Comercio Informal que se realiza en Los Cabos se acordó la prohibición de agrupaciones de música en plataformas o vehículos que desaten consumo de alcohol sin control
Son seis en total los implicados en esta red de corrupción que desfalcó con más de 54 millones de pesos en el INVI, tres exfuncionarios y tres particulares ya están vinculados a proceso
Tres exfuncionarios del XII Ayuntamiento de Los Cabos presidido por Arturo de la Rosa Escalante, César “N”, Patricio “N” y María “N” simularon laudos y se habrían quedado con el dinero
Buscan evitar los fraudes inmobiliarios con la creciente demanda territorial. / Foto: Alberto Cota / El Sudcaliforniano
La Paz, Baja California Sur. – En Sudcalifornia, vender terrenos irregulares, construir fuera de norma o autorizar desarrollos en zonas prohibidas podría costar hasta 13 años de cárcel.
Esta reforma busca castigar con prisión y fuertes multas a servidores públicos y particulares que violen los planes de desarrollo urbano, autoricen construcciones ilegales o vendan lotes sin permisos.
El dictamen, presentado por la comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia que preside el diputado Eduardo Van Wormer Castro (Morena), incluye la reforma del artículo 270 y la creación de los artículos 270 Bis, 304 Bis y 304 Ter de la norma estatal.
Se trata de contribuir al desarrollo ordenado de las ciudades y frenar ilegalidades. / Foto: Alberto Cota / El Sudcaliforniano
De aprobarse, las penas irían desde uno hasta trece años de prisión, y multas de hasta 678 mil 840 pesos, dependiendo del tipo de infracción y del valor vigente de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que en 2025 es de 113 pesos con 14 centavos.
Ejercicio ilícito del servicio público contra el desarrollo urbano (artículo 270 Bis): Servidores públicos que otorguen permisos para construir en zonas de riesgo o violen normas urbanísticas. La sanción es de cuatro a 12 años de prisión y multa de 200 a 600 días UMA (de 22 mil 628 a 67 mil 884 pesos).
Fraccionamiento o venta ilegal de terrenos (artículo 304 Bis, Fracción I): Personas que fraccionen o vendan terrenos sin permisos, con pagos a plazos o contratos simulados, tendrán una sanción de tres a 10 años de prisión y multa de 200 a 600 días UMA (de 22 mil 628 a 67 mil 884 pesos).
Los Cabos es foco rojo por invasiones y construcciones en zona de riesgo. / Foto: Verónica González / El Sudcaliforniano
Construcción sin permisos en zonas no urbanizables o de alto riesgo (artículo 304 Bis, Fracción II): Aplicable a conjuntos habitacionales, fraccionamientos o condominios, tendrán una sanción de tres a 10 años de prisión y multa de 200 a 600 días UMA (de 22 mil 628 a 67 mil 884 pesos).
Urbanización que viole la zonificación primaria (artículo 304 Bis, fracción III): Obras realizadas sin respetar los planes de desarrollo urbano, tendrán una sanción de tres a 10 años de prisión y multa de 200 a 600 días UMA (de 22 mil 628 a 67 mil 884 pesos).
Agravante: Si cualquiera de los actos anteriores se realiza en inmuebles ejidales o comunales, la pena aumenta hasta en un tercio: Pena máxima: hasta 13 años y cuatro meses de prisión.
Publicidad engañosa sobre fraccionamientos no autorizados: Colocar anuncios o promover lotes en predios sin permisos tiene una sanción, tendrán una sanción de tres a 10 años de prisión y multa de 200 a 600 días UMA (de 22 mil 628 a 67 mil 884 pesos).
A directores o constructores que incumplen licencias (artículo 304 Ter), corresponderá una sanción de tres a nueve años de prisión y multa de mil a tres mil UMA (de 113 mil 140 a 339 mil 420 pesos). También se sancionará al dueño del inmueble o a quien no denuncie la ilegalidad.
La iniciativa busca frenar prácticas ilegales como fraccionamientos sin regularizar, construcciones fuera de norma y actos de corrupción por parte de autoridades.
“Este dictamen responde a una necesidad urgente de proteger el desarrollo ordenado de nuestras ciudades y a las familias que han sido defraudadas con la venta de lotes ilegales”, señalan.
El dictamen recibió su primera lectura en la sesión del 5 de junio y podría ser votado en la siguiente sesión ordinaria del martes 10. De aprobarse, entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado (BOGE).
