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Localsábado, 9 de agosto de 2025

Justicia laboral es “letra muerta”: Cisslaboral expone tres casos sin resolver en Baja California Sur

Las demandas laborales involucran a la UABCS, Pesquera Longing y Hanjin, algunas con más de 20 años sin resolverse

Alan Flores

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El primero corresponde a una demanda contra la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), interpuesta el 8 de marzo de 2024 por el propio Gilberto Piñeda Bañuelos como docente de Economía.

El profesor investigador denunció hostigamiento laboral mediante la asignación de materias fuera de su área de oposición y horarios atípicos.

El Tribunal Laboral otorgó una providencia cautelar, “la primera en la historia laboral local”, que ordenó revertir dichas medidas mientras se resuelve el juicio. “Eso me tiene tranquilo por el momento”, expuso el denunciante.

La controversia principal radica en la definición de “área de conocimiento” para la asignación de materias.

Ganan juicio pero siguen esperando

Como la empresa se negó a pagarles, la planta calamarera fue adjudicada en propiedad a las trabajadoras, pero la Junta no ha dado posesión física de la planta, pese a que las trabajadoras ya fueron adjudicadas como propietarias.

El vocero denunció que Sing Hang Chan Kwong, “el chino que es el representante de Pesquera Longing sigue viviendo en el lugar cuando ya no es de su propiedad”, lo que calificó como una irregularidad grave.

Coreanos pretenden desconocer a calamareras de Hanjin

Tras 22 años de litigio, el proceso está suspendido por un amparo que busca evitar la exclusión de más de 40 demandantes.

Entre las irregularidades denunciadas figuran ventas fraudulentas de predios embargados, entre ellos la planta maquiladora y la cancelación indebida de acciones legales contra la empresa coreana.

El Cisslaboral también acusó actos de corrupción en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio del ayuntamiento de Mulegé, cuyo exdirector está imputado y con sentencia administrativa que le impide ocupar cargos públicos.

Lo anterior, por avalar la venta ilegal de los bienes embargados a la empresa, que ahora aparecen a nombre de un empresario de nombre Félix Díaz Álvarez y no de las calamareras, expuso el vocero.

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