Los desafueros que han marcado a Baja California Sur
Los primeros fueron Juan Pérez Cayetano y Elías Camargo Cárdenas, quienes resultaron sin responsabilidad penal
La Paz, 28 de marzo de 2026
Los primeros fueron Juan Pérez Cayetano y Elías Camargo Cárdenas, quienes resultaron sin responsabilidad penal
Alan Flores
La Paz, Baja California Sur. – La Fiscalía Anticorrupción de Baja California Sur ha presentado una solicitud formal al congreso local para que declare si procede o no el
Ambos son señalados por presunto abuso de autoridad relacionado con la firma de un contrato durante su gestión en el ayuntamiento de Los Cabos, en el periodo 2021-2024.
El contrato en cuestión, por un monto de
Torres García, quien se desempeñaba como síndica municipal en ese entonces, ha declarado que su participación se limitó a firmar el documento por instrucción de un punto de acuerdo, y considera que la solicitud de desafuero responde a una persecución política en su contra.
Adrián Chávez, oficial mayor del Congreso, informó para El Sudcaliforniano que la solicitud ingresó formalmente el pasado viernes 21 de marzo y fue ratificada el pasado lunes 24 de marzo por el fiscal estatal, Lenin Emiliano Ortiz Amao.
Por su parte, la presidenta del Congreso, Arlene Moreno Maciel, ha asegurado que el proceso se llevará a cabo con transparencia e imparcialidad, y que el tema será incluido en el orden del día del próximo jueves 27 de marzo.
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“A partir de esta ratificación, la presidenta de la Mesa Directiva debe turnarla a la Comisión de Puntos Constitucionales, que a su vez notificará a la Junta de Gobierno para que se elija a la Comisión Instructora, la cual elaborará el dictamen que determine si procede o no retirar la inmunidad procesal”, explicó el oficial mayor.
Este caso se suma a antecedentes recientes en el estado. En la pasada Legislatura, se registraron los primeros dos desafueros en la historia política de Baja California Sur.
Primero, el 23 de septiembre de 2022 se desaforó con 19 votos favor y ninguno en contra al exdiputado local Juan Pérez Cayetano, de Morena, quien enfrentaba una denuncia por abuso sexual.
Previamente, el 20 de septiembre solicitó una licencia al cargo hasta por tres meses, a partir del primero de octubre, petición que fue turnada el 22 a comisiones para su resolución.
El pleno aprobó el dictamen que resolvió quitar el fuero al diputado, quien fue denunciado por una exregidora del pasado ayuntamiento de Los Cabos, en octubre del 2021, por el presunto delito de abuso sexual de acuerdo con el expediente LPZ/6406/2021/NUC.
El diputado asumió nuevamente el cargo el 27 de junio de 2023, tras nueve meses de ausencia, luego del proceso judicial en que se vio inmiscuido, cuya supuesta afectada finalmente lo perdonó.
Sobre su situación jurídica, Pérez Cayetano confirmó que se le otorgó el perdón de parte de la presunta víctima de abuso, pero omitió brindar más detalles y evadió el cuestionamiento sobre su presunta participación en los hechos que derivaron en la denuncia de abuso sexual en su contra.
“Como ya se dijo, se acordó que no se daría más información”, expuso, y advirtió que se generó una campaña de desprestigio y discriminación en su contra por pertenecer a la comunidad afrodescendiente.
En declaración por separado, el gobernador, Víctor Castro Cosío, aseguró que el delito por el que se acusó al legislador “se cometió”, aunque como parte del proceso legal haya cabida para conseguir el perdón.
“Esa persona no me representa, ya no representa el Movimiento (Morena), aun cuando se le haya perdonado. Yo me deslindo totalmente de esa persona nefasta”, declaró.
El segundo caso fue el de Elías Camargo Cárdenas, expresidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), quien fue desaforado y destituido por el Congreso el 31 de marzo de 2023 tras una denuncia por acoso sexual presentada por una exvisitadora general de la CEDH.
En una entrevista para El Sudcaliforniano en octubre de 2023, Elías Manuel Camargo Cárdenas, anunció que la Juez de Control resolvió a su favor la causa penal 147/2023, en la que enfrentaba acusaciones de hostigamiento, discriminación e intimidación.
La jueza determinó que no existían elementos suficientes para vincularlo a proceso penal, absolviéndolo de todos los cargos en la audiencia inicial.
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Camargo Cárdenas expresó que esta resolución evidenciaba la falta de fundamento en las acusaciones que llevaron a su desafuero y destitución del cargo.
Asimismo, señaló que las declaraciones públicas de diversas autoridades durante el proceso violaron su presunción de inocencia y que las acusaciones en su contra fueron utilizadas con fines políticos, especialmente después de presentar un diagnóstico sobre la violencia hacia mujeres, niñas y adolescentes en el estado.
Tras su absolución, Camargo Cárdenas consideraba emprender acciones legales para buscar una reparación por los daños y perjuicios sufridos, incluyendo los daños a su imagen pública.
