Luis Daniel Rodríguez Mendoza, nuevo magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa de BCS
Su nombramiento fue aprobado en el pleno legislativo con 17 votos a favor
Alan Flores
Rodríguez Mendoza ocupará el cargo por un periodo de seis años, contados a partir de la fecha, tras rendir la protesta de ley.
Su nombramiento fue aprobado en el pleno legislativo con 17 votos a favor, mientras que Emmanuel Vázquez Guluarte recibió 4 votos. El tercer aspirante, Isaías Reyes López, no obtuvo respaldo.
La elección se realizó tras analizar la terna enviada por el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío, en la que participaron los tres profesionistas.
¿Qué es el Tribunal de Justicia Administrativa?
El Tribunal de Justicia Administrativa de Baja California Sur es un órgano autónomo encargado de resolver controversias entre la administración pública estatal, municipal, organismos paraestatales y ayuntamientos y los particulares.
Además, tiene la facultad de imponer sanciones a servidores públicos por faltas administrativas graves, así como a particulares vinculados en actos de corrupción.
Actualmente, el tribunal está conformado por un pleno de tres magistrados, entre ellos el presidente y dos magistrados instructores adscritos a salas unitarias.
También cuenta con la Secretaría General de Acuerdos y áreas administrativas responsables de transparencia, rendición de cuentas y funcionamiento interno.
Las salas unitarias ordinarias conocen de los juicios que se presentan, cada una encabezada por un magistrado instructor con apoyo de secretarios de estudio y cuenta.
La presidencia representa legalmente al tribunal y coordina los trabajos con apoyo del secretario ejecutivo.
Funciones y procedimientos
El TJA tiene como objetivo central dirimir conflictos relacionados con actos de autoridad en materia administrativa y fiscal.
A partir de la publicación en 2018 de la Ley de Procedimiento Administrativo y la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo, el tribunal regula los juicios entre particulares y autoridades, así como los recursos en contra de sus resoluciones.
Asimismo, aplica la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios, que establece las sanciones para servidores públicos y particulares involucrados en faltas administrativas graves.
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En el Sistema Estatal Anticorrupción
Su papel es imponer sanciones y contribuir al combate a la corrupción mediante resoluciones que fortalezcan la legalidad y la gobernabilidad.


























