Más de 250 funcionarios gozan de fuero constitucional en BCS

Gilberto Santisteban Flores

Sergio Villarreal, integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), expuso que hicieron el ejercicio de conteo, destacando que hasta funcionarios de cargos como delegados cuentan con fuero en la entidad.

“Lo que busca el Comité de Participación Ciudadana es que sea total. No puede ser que más de 250 servidores públicos en Baja California Sur tengan fuero, porque tenemos identificados que nomás los diputados y tal vez un servidor público de primer nivel son los que tienen fuero y no es así”, reiteró.

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“Hicimos el ejercicio desde el Comité de Participación Ciudadana y vimos que tenían fuera, hasta el delegado de San Juan de las Pilas en el municipio de Mulegé tiene fuero; no tendrá luz, pero tiene fuero”, comentó.

Aunque recalcó que la postura del CPC es que no haya fuero para nadie, todavía había una ventana para que el Congreso del Estado acotara únicamente esta figura constitucional a perfiles de altos funcionarios, como gobernadores, alcaldes o legisladores.

“Pero si se basan en que históricamente fue hecho para defender y no ser rebatidos los diputados, que hasta la vida podían perder por sus manifestaciones, creo que eso ya quedó superado aquí y en cualquier parte del país”, dijo.

En contraste, diputados, magistrados, jueces, directores generales, coordinadores, secretarios, alcaldes, regidores, síndicos, procurador, subprocuradores, fiscales, integrantes del consejo de la judicatura y delegados municipales cuentan con la protección.

En este escenario, Sergio Villarreal reiteró que hay valores preponderantes y es el derecho universal a vivir libre de actos de corrupción lo que impulsa la lucha para lograr un piso parejo con la derogación del fuero.

“En vez de una prerrogativa, es una patente de corso, espero que no para delinquir, sino que es una autoprotección para que las cosas no avancen en materia de actos de corrupción”, mencionó.

Reforma estancada en el Congreso

En 2025, la diputada de Morena, Guadalupe Vázquez Jacinto, coordinó los esfuerzos con integrantes del SEA y la Fiscalía Anticorrupción para que esta reforma fuera una realidad, la presentó ante tribuna en julio del año pasado y fue bajada del Orden del Día sin previo aviso ni justificación.

Durante el primer periodo ordinario del segundo año de trabajo de la XVII Legislatura, Vázquez Jacinto insistió con la iniciativa para eliminar el artículo 159 de la Constitución Política de Baja California Sur.

Aunque en esta ocasión la reformó entró, simplemente fue enviada a comisiones y ahí quedó, como comúnmente se dice: “en la congeladora”.

“La reforma se presentó y ya no hubo ningún avance. Sí se dio lectura, pero hasta ahí; no procedió, no llegó ni a segunda base y ya, se quedó inoperante esa cuestión”, compartió Sergio Villarreal.

“Este año vamos a volver a insistir, ahora como ya hubo reformas dentro del Congreso que te tienen que resolver y no irse a la congeladora algunas iniciativas, vamos a ver si realmente se le da trámite”, advirtió.

Privilegio que favorece la impunidad: Fiscal Anticorrupción

El titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, Lenin Ortiz Amao, explicó que la derogación de esta figura no sólo ayuda a investigaciones en su rubro, sino también en la persecución de otros delitos, como feminicidio, homicidio o violación.

Si un servidor público comete un ilícito, simplemente no podría ser llevado ante la justicia si el Congreso del Estado no da su aval en un juicio de procedencia, que es un proceso en el que las y los diputados votan a favor o en contra de la eliminación del fuero de un o una funcionaria.

“Lo que obviamente significa un privilegio y favorece la impunidad, no solamente para los delitos de hechos de corrupción, sino para cualquier delito. Es impensable que un servidor público cometa un delito y no pueda ser sometido a la justicia igual que cualquier ciudadano”, declaró el Fiscal.

Desde su perspectiva, la eliminación se convierte entonces en un asunto político más que de justicia o de especialidad en temas jurídicos y penales.

Asegurando que en los foros que llevaron a cabo en 2025, el 99 por ciento de las personas se manifestaron a favor de la derogación de esta figura, exhortó a las y los legisladores a que escuchen a la ciudadanía.

“El llamado es a que escuchen a los ciudadanos y que cada vez sean más las decisiones, las leyes, las determinaciones del Congreso del Estado y todas las autoridades a abonar al combate a la corrupción, a eliminar privilegios de servidores públicos que son infractores de la ley”, finalizó.

Antecedentes

En los últimos años, Baja California Sur ha registrado los primeros casos de desafuero en su historia política, así como intentos de la Fiscalía Anticorrupción ha pedido juicios de procedencia que no tuvieron el éxito esperado ya que fueron frenados por la XVII Legislatura del Congreso del Estado.

El primer caso se reportó en septiembre de 2022, cuando luego de cinco meses de análisis de dictamen, la XVI Legislatura aprobó la eliminación del fuero al diputado de Morena, Juan Pérez Cayetano, que enfrentaba una denuncia por abuso sexual.

Como resultado de esta decisión del Poder Legislativo, Pérez Cayetano fue retirado de su curul y quedó a disposición de las autoridades judiciales con la carpeta de investigación LPZ/6406/2021/NUC, y en su lugar se llamaron a su suplente, Denny Manuel Guerrero Cruz.

Meses después, Pérez Cayetano regresó al Congreso del Estado a culminar el encargo para el que fue electo, esto luego de que la víctima desistiera con la denuncia.

En abril de 2023, se registró el segundo desafuero en la historia de Baja California Sur. El entonces presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Elías Camargo Cárdenas, quedó sin la protección constitucional también por determinación de la XVI Legislatura.

Elías Camargo enfrentaba una denuncia por acoso sexual, sin embargo, en su momento se pronunció denunciando que era víctima una calumnia y una persecución política encabezada por el gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, esto por su desempeño como ombudsman.

En 2025, la Fiscalía Anticorrupción solicitó un juicio de procedencia en contra de la diputada del Partido del Trabajo (PT), Alondra Torres, y del subsecretario de Enlace Legislativo del Gobierno del Estado, Ariel Castro.

De acuerdo con Lenin Ortiz, ambos están involucrados en investigaciones por el delito de abuso de autoridad por simulación en agravio del Ayuntamiento de Los Cabos.

El hecho que persigue la Fiscalía se cometió en octubre de 2022, en la administración del alcalde, Óscar Leggs Castro, en donde Alondra Torres fue síndica municipal y Ariel Castro se desempeñó como secretario general.

Se les acusa de haber participado en la contratación de una empresa de gestión financiera, a la que pagaron 14 millones de pesos para que lograra un crédito bancario para el Ayuntamiento de Los Cabos, sin embargo, esta nunca llevó a cabo ningún servicio ni trámite a favor del gobierno municipal.

A pesar de ello, la Fiscalía señala que estos servidores públicos aprobaron el pago millonario a la empresa. Cabe recordar que el exalcalde y el extesorero de Los Cabos, Óscar Leggs Castro y Martin Talamantes ya fueron vinculados a proceso por este mismo caso.

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Sin embargo, en el caso de Alondra Torres y Ariel Castro no fue así, debido a que la XVII Legislatura negó la eliminación del fuero para estos dos servidores cuando la Fiscalía lo solicitó.