Cuando las autoridades amenazaban con inspeccionar el centro, los responsables implementaban estrategias de encubrimiento sofisticadas. La joven presenció estos operativos en varias ocasiones.
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Imagen ilustrativa de un centro de rehabilitación en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, siendo uno de los 57 registrados a nivel estatal. / Foto: Raúl Rodríguez | El Sudcaliforniano.
La Paz, Baja California Sur.- Los establecimientos para atención de adicciones en Baja California Sur presentan graves deficiencias en su operación, con más del 80% de los 57 centros registrados incumpliendo normativas básicas de salubridad, infraestructura y respeto a derechos humanos, según revelan datos de la Coordinación Estatal de Salud Mental y Adicciones.
Juan Pablo Peña, coordinador estatal de Salud Mental y Adicciones del Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur, explicó que muchos establecimientos operan en la clandestinidad sin los registros necesarios ante las autoridades correspondientes.
“Desgraciadamente, muchos de estos establecimientos operan en la clandestinidad. Nosotros no nos enteramos de su existencia hasta que hay una queja, ya sea de un vecino regularmente, porque a veces por las cuestiones de las sesiones que ellos tienen que son grupales y que la cuestión del ruido y están a veces establecidos en zonas residenciales, llegan las quejas”, detalló Peña durante entrevista.
El funcionario añadió que cuando detectan situaciones relacionadas con violaciones a derechos humanos, los centros tienden a clausurarse temporalmente, pero posteriormente buscan otros domicilios para continuar operando bajo diferentes nombres.
“Una vez que ya los detectamos, hacemos la primera supervisión. Obviamente, cuando hay suspensión, el año pasado suspendimos cuatro establecimientos precisamente por estas situaciones. Entonces, cuando vamos al seguimiento para ver lo que tienen que subsanar para seguir operando, nos damos cuenta de que ya no están operando donde estaban anteriormente”, explicó.
Para conocer en primera persona esta situación se entrevistó a una víctima de estos abusos en Baja California Sur, a los 14 años, la vida de una joven quien prefirió mantenerse en el anonimato, cambió para siempre cuando su familia decidió internarla en un centro de rehabilitación.
Además de los modelos Mixtos, es el tratamiento conformado por elementos de la ayuda mutua y el modelo profesional, existen los conocidos como anexos. / Foto: Raúl Rodríguez / El Sudcaliforniano
Su delito no había sido el consumo de drogas o alcohol, sino algo que muchos adolescentes experimentan: la rebeldía típica de la edad. “Yo no consumía drogas. Yo tenía problemas de renuencia como le llaman ahí. Yo no consumía drogas, mi familia me metió porque yo era muy rebelde”, relató.
Su familia, desesperada por encontrar una solución a los comportamientos desafiantes de su hija, fue engañada por las promesas de un centro que se presentaba como la respuesta a sus problemas. Los responsables del establecimiento les aseguraron que allí la joven estaría bien, que la disciplinarían adecuadamente.
“A mi familia le dijeron: ‘Aquí las podemos recibir, se les da muy buen trato, este es un trato muy diferente a las personas con adicciones”, recordó. Desde el primer día, la adolescente se encontró inmersa en un sistema que describió como “otro mundo totalmente diferente”.
Entre las prácticas más comunes en los centros de rehabilitación es una etapa de desintoxicación de tres meses donde no se permiten visitas. / Foto: Raúl Rodríguez / El Sudcaliforniano
Las reglas básicas de convivencia que había conocido toda su vida desaparecieron, reemplazadas por un código de conducta que rayaba en lo absurdo. “Desde la forma en la que tenemos que empezar a hablar, es cambiar mi vocabulario de dirigirme a la mayoría como padrino, madrina, hablarles de usted, agachar la cabeza, algo como muy ilógico en el mundo real”, explicó.
La pregunta que se hacía constantemente era obvia: “¿Cómo le voy a hablar de usted a una chica que tiene mi edad? ¿Cómo le voy a hacer más caso a un padrino que yo acabo de conocer que a mi mamá?” El centro funcionaba bajo un sistema de jerarquías estrictas, donde los “padrinos” y “madrinas” ocupaban posiciones de poder absoluto sobre los internos más jóvenes.
Esta estructura piramidal no era casual, sino parte de un método de control diseñado para quebrantar la voluntad de los residentes. La joven se dio cuenta rápidamente de que no había llegado a un centro de rehabilitación, sino a algo mucho más siniestro “Yo no te voy a describir un centro, yo te voy a describir una secta. No una secta porque sea un culto y adoremos a Satanás, pero su forma de manejar es una secta”.
De acuerdo con las autoridades, aunque se realicen clausuras a centros de rehabilitación ilegales, estos suelen volver con otro nombre y ubicación. / Foto: Raúl Rodríguez / El Sudcaliforniano
El proceso de deshumanización comenzó inmediatamente. Los responsables del centro implementaron un sistema diseñado para destruir la autoestima de los internos y hacerlos completamente dependientes de la institución. “Es llegar ahí y que te digan: ‘No vales nada, no sirves para vivir. Tu familia te mete aquí porque no te quiere’”, relató.
El objetivo era claro: hacer que los internos creyeran que el centro era el único lugar donde podían encontrar valor y propósito. Las condiciones de vida eran deliberadamente precarias. Los internos eran privados de necesidades básicas como bañarse diariamente, tener artículos de higiene personal o acceso a condimentos para la comida.
La manipulación alcanzaba niveles grotescos cuando estos derechos básicos se convertían en privilegios otorgados por los responsables. “Sabes que te voy a dejar que te bañes diario. Te voy a dejar que tengas tu propio desodorante. Imagínate qué grado de manipulación y qué tanto te sobajan para que tú te sientas privilegiada por bañarte todos los días”.
En este ambiente de vulnerabilidad extrema, los abusos no tardaron en manifestarse. La joven, que había sido despojada de su autoestima y aislada de su familia, se convirtió en víctima de abuso sexual por parte de quien ejercía autoridad sobre ella.
“En mi caso abuso sexual. Y se pudiera decir, si yo a ti o a alguien yo le cuento cómo fue mi abuso sexual, legalmente es un abuso porque yo tenía 16 y la persona tenía 33”, revela con la claridad de quien ha procesado profundamente su experiencia.
El abuso no era físicamente forzado, pero estaba respaldado por un sistema de manipulación psicológica sofisticado. Los responsables aprovechaban la vulnerabilidad de las internas, haciéndolas sentir “especiales” o “elegidas” cuando recibían atención de figuras de autoridad.
“Ahí empieza una manipulación. Yo ahorita desde mi edad, desde mi madurez y mi recuperación, ya te estoy hablando como una persona que en ese momento con esa mentalidad, yo digo: ‘¿Sabes qué? Te vas a la fregada’. Pero en ese momento venía vulnerable”, explicó. Además del abuso emocional y sexual, el centro implementó un sistema de explotación económica que involucró tanto a las familias como a los internos.
Las familias pagaban cuotas semanales de aproximadamente 1,500 pesos, mientras que los internos eran obligados a trabajar sin recibir remuneración. Los internos eran enviados a vender productos en las calles, pero se les daba una versión falsa sobre el destino de los ingresos. “Todo el dinero me lo quitan, que porque es para el servicio y el servicio es para Dios. Me traían diciendo así: ‘Ah, es para nuestra graduación, es para un campamento’. Cuando no es cierto”, explicó.
La realidad es que con las cuotas familiares y los ingresos del trabajo forzado, los responsables manejaban cantidades considerables de dinero que nunca se reflejaban en mejores condiciones para los internos. Las condiciones alimentarias eran deplorables y la escasez era tal que encontrar insectos en la comida era común.
“De la mañana era sopa. En la comida era lentejas. Y había veces que les llamaban comida de ego cuando te daba quesadillas o tortas. Eso era como cada 15 días. Si te salió una cucarachita en la comida, ni modo, te tenías que comer todo lo que viene el plato.
Y si vomitabas hasta tu vómito te tenías que comer. Testimonio
“En una ocasión nos sacan, disfrazan nuestro cuarto, sacan nuestras cosas personales y todo, nos llevan a casa de una compañera, ahí nos quedamos toda la tarde porque una persona creo que puso una denuncia iban a ir gente de salubridad”, recordó.
Estas maniobras revelaban que los responsables eran conscientes de la ilegalidad de sus prácticas, pero confiaban en su capacidad para evadir las consecuencias. El centro operaba con la complicidad del silencio de los internos, quienes habían sido condicionados para no revelar la realidad de su situación.
Después de ocho meses de ser anexada y cuatro años de estar dentro del centro, la joven había desarrollado una dependencia profunda hacia el centro. El proceso de adoctrinamiento había sido tan efectivo que ya no podía concebir una vida fuera de esas paredes. Cuando obtuvo permisos para salir a su casa, en lugar de revelar los abusos, defendió el sistema que la oprimía.
“Mi mentalidad en ese tiempo era: yo nunca me voy a ir. Yo voy a durar años aquí y en algún momento voy a tener hasta mi propio grupo y yo también voy a ayudar. Qué tan fuerte es la manipulación para que el día que tú ya sales a tu casa, ya ves a tu familia, en vez de decirle: ‘Mamá, me golpean’, ‘Mamá, fulanito de tal me da cosas a cambio de favor sexual’, en vez de eso, mi lealtad es con ellos antes que con mi familia, porque ellos son mi verdadera familia”.
Para el mundo exterior, la joven parecía estar experimentando una transformación positiva. Sus calificaciones escolares mejoraron dramáticamente, pasando de reprobar materias a obtener puros dieces y aparecer en el cuadro de honor. Pero esta aparente mejoría era en realidad una manifestación de su desesperación.
El centro había logrado crear la ilusión perfecta de rehabilitación exitosa, mientras que en realidad había convertido a una adolescente rebelde en una víctima traumatizada que dependía completamente de sus abusadores para funcionar.
La familia de la joven comenzó a notar señales preocupantes. Su hija no podía participar en reuniones familiares sin pedir permiso, mostraba más lealtad hacia el centro que hacia su propia familia, e incluso había comenzado a robar dinero en casa para llevarlo al establecimiento.
La decisión familiar de prohibirle regresar al centro desató en ella una crisis existencial profunda. La transición a la vida normal fue extraordinariamente difícil. Después de años de tener que pedir permiso para las actividades más básicas, la joven tuvo que reaprender a vivir con autonomía. Con apoyo psicológico profesional y el respaldo de su familia, comenzó un proceso de recuperación genuino.
Gradualmente, pudo procesar la magnitud del trauma que había experimentado y desarrollar una perspectiva crítica sobre su experiencia. Aunque la sobreviviente reconoce que la justicia formal nunca llegó en su caso, ha encontrado su propia forma de justicia: vivir una vida plena y usar su experiencia para alertar a otros sobre estos peligros.
“Hasta la fecha estas personas, tú te las encuentras en la calle y caminan muy tranquilas como si no pasara nada”. La Paz concentra aproximadamente 60% de estos centros, seguido por Los Cabos. Las supervisiones anuales detectan incumplimientos recurrentes en aspectos de infraestructura, calidad de alimentos, número insuficiente de sanitarios respecto al número de usuarios y prácticas de internamientos involuntarios sin diagnóstico médico previo.
El marco normativo vigente establece que los internamientos involuntarios requieren consentimiento informado y diagnóstico médico certificado, especialmente en casos de menores de edad, quienes deben ser atendidos necesariamente en unidades hospitalarias acompañados de un familiar.
Las autoridades sanitarias realizan capacitaciones anuales sobre buenas prácticas y derechos humanos dirigidas a operadores de estos establecimientos, aunque reconocen que no pueden obligar a cumplir con la normativa aplicable.
La ciudadanía puede reportar establecimientos irregulares al teléfono 612 122 4659 de la Coordinación Estatal de Salud Mental y Adicciones, mientras que la Secretaría de Salud ofrece servicios gratuitos de atención ambulatoria a través de centros comunitarios distribuidos en todo el estado como alternativa al internamiento residencial.
